El PP lleva a su congreso la prohibición de los indultos y endurecer las penas por malversación

“España no puede conformarse con excusas ni admitir que quien ostenta el poder no asuma su responsabilidad. Porque el poder sin responsabilidad es abuso y donde hay abuso, no hay igualdad ante la ley: unos mandan sin control y otros obedecen sin remedio”, asegura el PP.

Según los populares, cada euro del presupuesto público merece el máximo respeto y control de su destino y, su mal uso, “el máximo reproche penal”. Por eso, se compromete a volver a “endurecer las penas por malversación, repensar los requisitos de acceso de los cargos y directivos públicos para que no sea una agencia de colocación por mera afinidad, y aumentar la exigencia en el cumplimiento de objetivos para garantizar la excelencia y la transparencia en el servicio público”, publica Europa Press.

Así se recoge en el documento que han presentado este mismo martes en Sevilla sus ponentes: el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, la eurodiputada Alma Ezcurra, y el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Ahora se abrirá un plazo de una semana para que los militantes puedan presentar enmiendas al texto.

Evitar indultos de forma “arbitraria”

Además, el PP defiende en esta ponencia que el indulto “no volverá a ser un privilegio político” y promete reformar su regulación para “asegurar que no pueda concederse de forma arbitraria, estableciendo criterios claros y objetivos que garanticen la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley”.

Los populares aseguran que prohibirán expresamente su aplicación en delitos relacionados con el terrorismo, la corrupción, los ataques a la integridad territorial del Estado, contra el orden constitucional y los cometidos contra menores, según la citada agencia.

Además, el texto de la ponencia añade que “cuando se trate de personas que ocupen o hayan ocupado responsabilidades políticas”, exigirán una “tramitación reforzada, que incluya al menos la autorización por una mayoría cualificada de dos tercios en el Congreso de los Diputados”.

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