El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. (Foto: Pool Moncloa / Borja Puig de la Bellacasa).
En su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el primer partido de la oposición acusa a Bolaños de haber utilizado un “lenguaje más propio de un mitin de campaña electoral que de un acto institucional, empleando numerosos elementos valorativos de carácter despectivo y con evidente connotación electoralista”.
Además, adjunta el textual de la respuesta de Bolaños a la pregunta que se le planteó sobre las leyes que prevén derogar los populares si llegan al Gobierno. Entre otras cosas, el ministro tachó de “destructivo” el proyecto político del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
Asimismo, el PP recuerda que junto a Bolaños ese día estaba la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, a quien la JEC acabó abriendo expediente por incumplir el deber de neutralidad en el mismo escenario durante el periodo electoral de los comicios del pasado 28 de mayo.
También apuntan en su escrito que el organismo arbitral hubo de apercibir por el mismo motivo a la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.
El artículo 50.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) establece que, desde la convocatoria de elecciones y hasta su celebración, se prohíbe “cualquier acto organizado o financiado” por los poderes públicos “que contengan alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos por las autoridades públicas”.
Y de ello la JEC infiere que las instituciones y sus representantes deben cuidar sus manifestaciones en periodo electoral para evitar vulnerar el principio de neutralidad que los poderes públicos.
Es el mismo precepto que llevó a la JEC a apercibir a la ministra Portavoz hace unas semanas. Tras dos llamadas de atención, el organismo arbitral optó por abrirle un expediente sancionador y, a la semana siguiente, otro. Cada uno de estos expedientes podría conllevar una multa de entre 300 y 3.000 euros.
El incumplimiento del deber de neutralidad motivó también que el presidente Pedro Sánchez fuera multado en 2020 con 500 euros por ofrecer una entrevista electoral en dependencias de Presidencia del Gobierno.
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