ayuso PP de madrid
El caso de Ana Millán, uno de los principales rostros del PP madrileño, se suma a una reciente oleada de dimisiones de cargos públicos por falsedades en sus titulaciones académicas. Mientras enfrenta una causa judicial por presunta corrupción, el partido ha salido a defenderla alegando que no fue ella quien elaboró el folleto electoral que recogía una titulación que nunca obtuvo. El episodio pone el foco, una vez más, en la veracidad de los perfiles públicos y la transparencia institucional.
La confirmación por parte del Partido Popular de Madrid ha llegado tras una información de la Cadena Ser, que reveló que Ana Millán no completó la carrera de Ciencias Políticas. Según fuentes del partido citadas por EFE, a la dirigente le “quedaron algunas asignaturas pendientes”, por lo que nunca obtuvo el título de licenciada.
Pese a ello, en los folletos de propaganda electoral con los que Millán se presentó a las elecciones municipales en Arroyomolinos en 2003 y 2007, sí se afirmaba que era licenciada. Desde el PP sostienen que la propia Millán no redactó el folleto, y que este además omitía la diplomatura en Gestión y Administración Pública que sí posee, por lo que, argumentan, no habría intención de engaño por su parte.
“Un folleto publicitario no es mentir en tu currículum y más cuando ella no lo hizo”, han señalado desde el entorno del PP madrileño
El caso académico no es el único frente que tiene abierto la ‘número tres’ de los populares madrileños. Ana Millán está siendo investigada judicialmente por presuntos delitos de corrupción relacionados con su etapa como concejala de Juventud en Arroyomolinos. La investigación apunta a que pudo haber recibido pagos de un empresario a cambio de contratos públicos.
Millán se encuentra aforada ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), debido a su escaño en la Asamblea, donde fue incluida en listas por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.
Este nuevo episodio se suma a otros recientes en distintas formaciones políticas. En las últimas semanas han dimitido Noelia Núñez, diputada del PP; José María Ángel, del PSOE valenciano; y Ignacio Higuero, consejero del Gobierno de Extremadura, todos por haber falseado información académica en sus perfiles públicos.
La sucesión de casos ha reabierto el debate sobre la exigencia de veracidad y control sobre los currículums oficiales de los representantes públicos, y sobre la responsabilidad política que conlleva su manipulación, incluso cuando se produce en soportes no oficiales.
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