El PP de Almeida veta la publicación de las actas de las residencias durante la pandemia

Así lo ha expresado la vicealcaldesa y portavoz del Gobierno municipal, Inma Sanz, quien ha agradecido en el Pleno de Cibeles la “extraordinaria labor” llevada a cabo por los servicios de seguridad durante la pandemia, aunque la izquierda quiera ahora “instrumentalizar con este asunto de las actas”.

“Creo que no fueron menos de tres cartas las que le mandamos al señor (Salvador) Illa y ni siquiera nos respondió. Cartas en las que les decíamos que nos decían los empleados de funeraria que no tenían material para enterrar más allá de dos días y el ministro Illa ni siquiera contestó al Ayuntamiento de Madrid”, ha censurado.

Frente a ello, ha destacado que personas cercanas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estaban “cobrando comisiones millonarias”. “Van a tener que dar ustedes muchas explicaciones, probablemente usted también. Ha habido una nueva resolución judicial, la decimonovena, que exonera a la Comunidad de Madrid en relación con las residencias, y vuelven a pedir unas actas que saben perfectamente que no nos corresponde publicar”, ha defendido.

La concejala del PSOE Ana Isabel Lima ha asegurado que si el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, no hace públicas estas actas de residencias de ancianos queda “habilitado moralmente para exigir transparencia”. “No se mofen del dolor de las familias. Dejen saber toda la verdad. Pónganse del lado de la dignidad porque sin transparencia no hay verdad”, ha justificado. Considera que nadie pueda negar que la Comunidad de Madrid “violó la Constitución cuando (Isabel Díaz) Ayuso activó los protocolos de la vergüenza en las residencias madrileñas y aplicó el ‘apartheid’ sanitario a personas mayores que no tenían un seguro privado, decidiendo así quién podía vivir y quién debía morir”.

A ello, ha añadido “el drama de la muerte por asfixia, en soledad, dolorosa, sin ningún tipo de asistencia médica ni tratamiento paliativo, y haciendo caso omiso a las resoluciones judiciales que le ordenaban medicalizar las residencias”, recoge Europa Press.

Por parte de Vox, la concejala Arantxa Cabello ha subrayado que no se puede invocar el derecho a la vida “simplemente cuando a uno le viene bien” porque también se debe garantizar este derecho “en el vientre de la madre, las personas que tienen ELA y que necesitan ayudas paliativas”.

“Es cierto que murieron más de 7.000 personas en las residencias. Yo lo recuerdo con un dolor, con una amargura, con una angustia, porque no querían ni pensar lo que estaban pasando las familias y esas personas que se habían quedado abandonadas (…) Pero también tengo que decir una cosa. ¿Qué hemos aprendido?”, se ha preguntado.

Por otra parte, el portavoz adjunto de Más Madrid, Eduardo Fernández Rubiño, ha criticado que el PP se “escandalice más” por ver que un afectado por esta situación grite en el Pleno, que por lo que han vivido cientos de familias que “aún esperan justicia” por parte de la Comunidad y del Ayuntamiento.

Protocolos de la vergüenza

“Fue en Madrid donde se firmaron estos protocolos de la vergüenza, unos protocolos que no nos hemos inventado la izquierda, que no se ha inventado el señor Reyero, exconsejero de la Comunidad de Madrid del Gobierno de Ayuso, que se negó a aplicar y que lo que decían literalmente criterios de exclusión de derivación hospitalaria ante otra patología, no se derivarán al hospital”, ha reprochado. Considera que las consecuencias de esta “negligencia política” son “absolutamente terribles”.

“No es lo mismo morir solo, sin cuidados paliativos, que morir con la atención de vida y rodeado de tus familiares. Y lo dijimos y lo diremos, es una negligencia política de consecuencias catastróficas cuyos autores no han cumplido con su responsabilidad”, ha denunciado Rubiño.

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