El vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno, Pablo Iglesias
Primer encontronazo entre Pablo Iglesias y el poder judicial desde que el líder de Podemos es vicepresidente del Gobierno de coalición. Sus manifestaciones este martes en Antena 3 en las que afirmaba que la Justicia española había sido humillada por los tribunales europeos ha encontrado respuesta por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Su Comisión Permanente ha emitido una declaración en la que apela a la responsabilidad institucional “para evitar la utilización política de la Justicia”.
Este órgano se ha posicionado “como ya ha hecho a lo largo del presente mandato con ocasión de otros pronunciamientos de miembros del Poder Ejecutivo en relación con actuaciones de los tribunales”. Y lo ha hecho, para apelar “a la moderación, prudencia y mesura”. Asimismo, llama a la “responsabilidad institucional para evitar la utilización política de la Justicia o el cuestionamiento de la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad de los/as jueces/zas y magistrados/as que integran el Poder Judicial”.
Todo un mensaje a Iglesias que está firmado por el presidente del Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, y por todos los vocales de su Comisión Permanente: Álvaro Cuesta, José María Macías, Pilar Sepúlveda, José Antonio Ballestero, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya y Rafael Mozo.
En esta declaración la Comisión Permanente también deja claro que “considera imprescindible reafirmar” que la actuación del Poder Judicial “persigue en todo momento el cumplimiento de la Ley y la defensa de los derechos reconocidos a todos los ciudadanos españoles, fundamento de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho”.
“Esa tarea incluye la colaboración con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), únicos tribunales europeos a lo que se subordina la jurisdicción española en el ejercicio de sus competencias, formando parte sus pronunciamientos del normal funcionamiento del sistema de derechos y garantías de que gozan todos los españoles en su condición de ciudadanos europeos”.
Asimismo, y en relación con los hechos producido en Cataluña en 2017, este órgano afirma que “solo existen dos pronunciamientos de estos tribunales”: la sentencia del TJUE de 19 de diciembre de 2019 dictada en respuesta a una cuestión prejudicial planteada por el Supremo español y “que aclara la cuestión de la inmunidad de los europarlamentarios”, y el pronunciamiento del TEDH que confirmó en todos sus extremos la decisión del Constitucional de suspender el Pleno del Parlament de Cataluña de 9 de octubre de 2017.
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