El Pleno del Congreso certificará por mayoría que la cúpula del PP ordenó la Kitchen, con aval de Cospedal y Rajoy

Estas conclusiones, redactadas por el PSOE, fueron aprobadas el pasado mes de diciembre por el órgano que presidió la socialista Isaura Leal tras un año de investigación parlamentaria. Su aprobación final tendrá lugar en plena campaña electoral en Castilla y León.

Los dos partidos que integran el Gobierno de coalición llegaron a aquella votación sin haber pactado un texto. De hecho, el grupo confederal había presentado su propio documento acordado con ERC, Bildu, Junts y la CUP. Sin embargo, finalmente tanto Bildu como el socio morado del Gobierno apoyaron las conclusiones de los socialistas, a las que añadieron dos párrafos a propuesta de Unidas Podemos.

En concreto, se agregó una recomendación para revisar los procedimientos vigentes para el uso y control de los fondos reservados, así como de los procesos concesión de condecoraciones en la Policía Nacional para dotarlos de una mayor «objetividad y transparencia».

Además, se dejó constancia en las conclusiones aprobadas de que parte de la documentación que había solicitado la comisión para hacer su pesquisas no llegó nunca y otra lo hizo a destiempo, es decir, tarde.

VOTOS PARTICULARES

Sin embargo, esos añadidos de última hora, no fueron suficientes para que el texto de los socialistas recibiera el respaldo de ERC, PNV y la CUP, que han optaron por la abstención. Por su parte, PP, Vox y Ciudadanos votaron en contra. Los grupos que lo deseen podrán defender sus propios textos de conclusiones a modo de votos particulares y someterlos a votación.

«El desarrollo de la comisión de investigación nos permite concluir que la cúpula directiva del Partido Popular ordenó que se utilizaran efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior, para hacer un seguimiento y encontrar las pruebas que obraran en el poder del extesorero Luis Bárcenas y que inculparan al PP sobre la financiación irregular y los casos de corrupción durante los años que gobernaban», concluye el texto que el jueves refrendará el Pleno.

El documento, recogido por Europa Press, no habla expresamente de responsabilidades políticas por esta operación, aunque la considera probada y, de hecho, plantea que se desarrolló en tres sedes: la central del PP en la madrileña calle Génova, el Ministerio del Interior, y la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía.

Resalta que se produjo «con el conocimiento» de Cospedal que «informaba» a Rajoy, que fue el ministro Jorge Fernández Díaz quien «encargó al secretario de Estado de Seguridad, Fernando Martínez, la puesta en marcha de todo el operativo delictivo» y que el «epicentro» del mismo estaba en la DAO que dirigía Eugenio Pino.

Con el fin de «obstruir» las investigaciones judiciales en marcha y evitar que las pruebas contra el PP llegaran a la Justicia y la Policía Judicial, señala el texto, en esta trama «de interés particular exclusivo del Partido Popular» se utilizaron «presuntamente fondos reservados y efectivos policiales de manera irregular».

El Congreso mantiene que, según las declaraciones de diversos comparecientes, se puede concluir «la implicación de los responsables políticos máximos del Ministerio del Interior, (ministro, secretario de Estado de Seguridad y director general de la Policía), así como de la secretaria general del Partido Popular y de forma indiciaria del mismo Presidente del Gobierno».

NO SE CUMPLÍAN LOS PROTOCOLOS

También señala como otra «conclusión evidente» el «descontrol absoluto en el uso de los fondos» en Interior, así como la «ignorancia y exclusión de cualquier clase de seguimiento de las previsiones legales y de los protocolos establecidos».

Como ejemplo de esto último, denuncia la utilización de «catálogos, provisiones de plazas y medios personales
de forma arbitraria» por parte del director adjunto Operativo, Eugenio Pino, «con la complicidad de otros cargos policiales que ejecutaban estas órdenes ilegales».

Así, apunta a un «despilfarro de dinero público, detraído de las finalidades legalmente asignadas», y, encima, «en un momento de crisis donde los efectivos estaban congelados y los recursos materiales escaseaban».

«Con estas actuaciones, no sólo se realizaron operaciones irregulares, se frustró la recta administración de justicia, sino que también se provocaron daños de difícil o imposible reparación al crédito y buen nombre de la Policía Nacional en su prestigio, con afectación grave a sus recursos, estructura y funcionamiento», resaltan las conclusiones.

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