Con respecto a esta última categoría, Bruselas ha señalado que «la justificación aportada en el plan sobre la cantidad de los costes totales estimados es «razonable y plausible en cierta medida» y por eso ha sido calificada con la segunda nota más alta, una ‘B’.
El resto de criterios han recibido una nota ‘A’ y, entre ellos el Ejecutivo comunitario remarca que la estrategia española para absorber las ayudas europeas cumple con la obligación de dedicar una parte mínima de los fondos a las transiciones verde y digital. En concreto, destina un 39,7% a impulsar la descarbonización de la economía y apoyar la biodiversidad (se exigía al menos un 37%) y reserva un 28,8% a avanzar en la era digital (el umbral mínimo era el 20%).
Además, los servicios del Ejecutivo comunitario han concluido que el plan español «contiene en gran medida una respuesta equilibrada a la situación económica y social» y contribuye a todas las prioridades identificadas en la normativa del fondo de recuperación de más de 800.000 millones de euros.
También ha concluido la Comisión Europea que el plan del Gobierno «contribuye a resolver con efectividad todas o un conjunto significativo» de los desequilibrios macroeconómicos sobre los que ha venido alertando durante los últimos dos años, como exige el reglamento del fondo como condición para recibir las ayudas.
En este punto, el Ejecutivo comunitario pone el énfasis en los cambios previstos para el mercado laboral encaminados a reducir las tasas de temporalidad tanto en el sector público como en el privado «simplificando el número de tipos de contrato y generalizando el uso de contratos sin fecha de finalización».
Con respecto precisamente a la reforma laboral, uno de los elementos más importantes del plan, la evaluación de Bruselas destaca que se incluyen reformas para dar un «impulso de la creación de empleos de calidad» y «ayudar a reducir la duradera y elevada tasa de desempleo», al tiempo que «contribuye a reforzar la cohesión social de una forma sostenible».
En general, la evaluación considera que las reformas dentro de este ámbito son «ambiciosas y coherentes», pero recuerda que algunas de ellas todavía «están siendo discutidas con los agentes sociales a través del proceso del diálogo social».
«En consecuencia, algunos detalles se han dejado abiertos deliberadamente para dejar espacio necesario para conseguir el acuerdo y la aprobación de los agentes sociales», señala la Comisión Europea
El análisis de las autoridades comunitarias también destaca que el plan incluye medidas para mejorar las políticas públicas de empleo, atajar el abandono escolar temprano, desarrollar políticas sociales por ejemplo a través del Ingreso Mínimo Vital, fomentar la investigación y desarrollo, mejorar el entorno de negocios, impulsar una ley de unidad de mercado, reformar la legislación sobre contratación pública y actualizar el marco legal sobre insolvencias.
Otro de los aspectos importantes de la evaluación era asegurar que las reformas e inversiones del plan tuvieran un «impacto duradero» y, el caso del plan español, la Comisión Europea cree que esto se conseguirá «en gran medida».
«Se espera que las reformas incluidas en el plan produzcan un cambio estructural en políticas relevantes y en la administración, principalmente fortaleciendo el mercado laboral y modernizando la protección social, así como reforzando el funcionamiento de la administración a través de su digitalización», afirma el texto.
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