Francisco Serrano
Vox no tendrá acceso al listado de nombres y apellidos de los empleados de la Junta que evalúan la violencia machista, ya que la Mesa del Parlamento de Andalucía ha denegado hoy la petición del partido de ultraderecha de conocer la identidad de todos los trabajadores destinados en los equipos de unidades de lucha contra la violencia de género entre 2012 y 2019.
Todos los grupos políticos representados en el Parlamento, salvo Vox, además del Gobierno andaluz habían expresado su rechazo a esta petición cursada el pasado viernes por el diputado Francisco Serrano, quien argumentó para pedir el listado que hay profesionales “no cualificados e ideologizados que influyen” en la decisiones judiciales en esta materia.
Además de las críticas seguida críticas políticas y sindicales que recibió la petición de Vox, inmediatamente en las redes sociales, surgió una campaña de denuncia y solidaridad con los trabajadores de las Unidades de Violencia de Género, con la etiqueta #ApuntaMiNombreVox, e incluso el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, emplazó a Serrano y a Vox a que «apunten también» su nombre como una persona «ocupada y preocupada de luchar desde hace muchos años» contra la violencia de género.
La solicitud no ha sido por tanto calificada ni admitida a trámite por la Mesa del Parlamento, que ha tenido en cuenta la posibilidad de que la propuesta colisione con la ley de Protección de Datos, según fuentes parlamentarias, según informa Efe.
El grupo parlamentario de Vox ha mostrado su disposición a “reformular” su petición para conocer los nombres de las personas que trabajan en las Unidades de Violencia de Género de la administración andaluza para no chocar con la Ley de Protección de Datos “si ése es el problema”.
Así lo ha avanzado en rueda de prensa el portavoz adjunto del grupo, Rodrigo Alonso, que ha explicado que a Vox le valdría con que se diera a conocer “la titulación y la experiencia” y no los nombres y apellidos -como se había solicitado- de quienes cumplen ese cometido, una labor que “no puede hacer cualquiera”, ha sostenido.
“No puede ser que, según la ley de violencia de género aprobada por esta Cámara, el anterior equipo de gobierno diera la posibilidad de que cualquier funcionario emitiese un informe sobre la violencia de género que fuese luego vinculante respecto a un proceso judicial», ha criticado Alonso, para quien “no todo el mundo está capacitado para eso”.
Ha insistido en que Vox “no va a demonizar a nadie” y que lo que quiere es que esa función “la desempeñen personas que tengan una experiencia y una capacitación acorde con la importancia de la labor que se le está exigiendo”,
A su juicio, deberían ser peritos “independientes dentro de la función pública» quienes estuvieran a cargo de esta función, y no “agentes puestos por una ley que es ideológica y que adoctrina”.
Y ha dicho que en más de una ocasión “el lado feminista ha reclamado que se hagan públicos los nombres y apellidos de los maltratadores, algo que nos parece razonable, pero nosotros solo pedimos saber si están cualificados quienes trabajan ahí, no queremos meternos en la casa de nadie”.
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