Recién nacido
A Francisca le robaron su hijo en 1957 en la clínica Sanjurjo de Valencia. Le dijeron que había muerto, pero nunca ha encontrado el registro de defunción y el de nacimiento ha desaparecido. Su caso fue denunciado ante una Justicia española que pronto archivó la causa. Ahora la Justicia Argentina parece abrir un hilo de esperanza.
La historia de Francisca la recogió La Sexta en un reportaje sobre bebés robados. Su caso es uno entre los miles que piden al Gobierno y a la Fiscalía las respuestas que un día les secuestraron. Sin embargo, al otro lado de la ventanilla no siempre reciben la ayuda esperada.
PSOE, Podemos e Izquierda Unida, así como asociaciones como SOS Bebés Robados, llevan años denunciando la inacción y las trabas que supuestamente ponen el Gobierno, la Fiscalía “y la Iglesia” para esclarecer lo sucedido. Hace escasas semanas, por ejemplo, la eurodiputada de IU Marina Albiol impulsó una comisión para investigar los casos de bebés robados.
La parlamentaria denuncia el “silencio, trabas e impunidad” del Gobierno del PP, la Fiscalía y la jerarquía católica. En el mismo sendero argumental camina el PSOE. La diputada de la Asamblea de Madrid, Carla Antonelli, criticó “el olvido” de Cifuentes con una PNL que pedía mayores esfuerzos para investigar estos casos.
El Defensor del Pueblo reafirma a la oposición
Del mismo modo – pero con distintas formas – que la oposición y las asociaciones afectadas, el Defensor del Pueblo ha confirmado las críticas al Gobierno, las Administraciones, el ministerio de Justicia y la Fiscalía.
En su informe anual del primer semestre de 2017, la Defensora del Pueblo (Soledad Becerril, hasta el 21 de julio) recoge entre sus recomendaciones que los “Poderes públicos están obligados a dar una respuesta legal a las víctimas y hacer un esfuerzo, en el marco de sus competencias, para esclarecer los hechos denunciados; así como darles todo el apoyo necesario para paliar la angustia que les produce el hecho de no poder conocer a su familia biológica”.
La inclusión de esta petición responde a las 2.193 solicitudes de información sobre bebés robados que ha habido en España desde el año 2013. Sirva como ejemplo del aumento que entre 2011 y 2013, el Defensor del Pueblo tramitó algo más de 300 quejas de familias que solicitaban la investigación del paradero de los recién nacidos sustraídos en centros hospitalarios y maternidades, en los años 1940 – 1990.
En el informe de este primer semestre, el Defensor del Pueblo recuerda que las familias afectadas siguen demandando ayuda de los poderes públicos ante las dificultades que les impiden avanzar en el esclarecimiento de las sustracciones ilícitas de las que fueron víctimas.
“Una de las mayores dificultades con la que se encuentran las familias es el acceso a los datos de archivos y registros de hospitales y maternidades, públicos y privados, faltando en muchos casos los soportes físicos de la documentación (en otros, hay páginas arrancadas, archivos restringidos, o datos tachados)”, denuncia Soledad Becerril.
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