Hace tres meses un señor falleció de un infarto de miocardio en la Residencia de Mayores de Alcorcón. Hasta el día siguiente nadie se dio cuenta de lo sucedido. Esta semana, Cecilia, una mujer de 93 años que tenía el grado de dependencia, murió en el hospital después de quedar atrapada entre el somier de su cama y la barandilla.
Estos hechos no son casualidad. La Asociación Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias denuncia que estas muertes son producto, entre otras cosas, de la falta de personal que sufren las residencias para mayores de la Comunidad de Madrid.
La normativa vigente de servicios sociales establece que el índice de personal a jornada completa/usuario debe ser de 0,25 para usuarios válidos (no dependientes) y 0,35 para usuarios asistidos (dependientes). Sin embargo, la resolución de 2 de diciembre de 2008 de la Secretaría de Estado de Política Social, Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad, establece que “en el cálculo de las ratios se incluirá todo el personal que trabaje habitualmente en el centro, con independencia de su forma de contratación”.
Eso hace que se incluyan en el ratio personal que no tiene ningún contacto directo con los residentes, como el responsable del mantenimiento, el portero o los cocineros. Esto provoca que la cantidad de personal dedicado a las personas residentes sea inferior a lo que marca la normativa.
La Comunidad de Madrid y las empresas privadas que gestionan residencias “no quieren darse cuenta de esta situación y se empeñan en mantener ratios anticuados, y que encima en muchos casos no se cumplen. Ello provoca que los trabajadores tengan que aceptar unas pésimas condiciones de trabajo, que en la práctica se hacen más insostenibles aún, ya que en muchos casos las bajas no se cumplen, tienen que doblar turnos, o alargar su jornada porque hay compañeros de vacaciones”, denuncia la plataforma.
La asociación en defensa de la dignidad de las personas mayores de las residencias se ha reunido este viernes en la Puerta del Sol para denunciar esta situación y para exigir al gobierno de Cristina Cifuentes que derogue la resolución que imposibilita el buen funcionamiento de las residencias.
Además, en un comunicado que ha hecho público, señala cómo la Consejería de Políticas Sociales y Familia lleva sin publicar Memorias de Gestión desde 2006.
En consonancia a ello, ha advertido a Cristina Cifuentes y al Consejero de Políticas Sociales y Familia que si no toman medidas para revertir la situación serán “responsables” de los accidentes que puedan suceder en el futuro.
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