Caja de seguridad para las llaves de una piso de alquiler turístico (Foto: Eduardo Parra - Europa Press)
En comparación al anterior dato disponible, en mayo de 2025 se registraron 381.837 apartamentos turísticos, lo que ahonda la bajada hasta el 13,6%, recoge Europa Press.
Sobre el total de viviendas, este tipo de pisos representaron el pasado mes de noviembre el 1,24%, porcentaje que se ha reducido con respecto a mayo (1,43%) y noviembre de 2024 (1,41%).
Por comunidades autónomas, Andalucía lideró el número de apartamentos turísticos, con 91.757, lo que supone un incremento del 1,2% entre noviembre del año pasado y mismo mes de 2024. Le siguen la Canarias, Comunidad Valenciana y Cataluña, con 49.676 (-3%) y 48.411 (-25%) y 46.915 (-11%), respectivamente.
A continuación, por debajo de los 20.000 pisos vacacionales, se situaron Baleares (19.398 y -19,8%). Siguiendo el orden, la lista la completaron Galicia (15.236 y -22,5%) y Madrid (15.309 y -26%).
En cuanto a las plazas que suponen este total de viviendas turísticas, alcanzaron la cifra de 1,62 millones en el undécimo mes de 2025, frente a las 1,89 millones de noviembre de 2024, un 14% menos.
Por último, las plazas por vivienda turística pasaron así a las 4,93, cantidad inferior a las 5,04 por piso de la anterior estadística.
Actualmente, en España se encuentra vigente el nuevo registro de alquileres de corta duración, de obligado cumplimiento desde el 1 de julio de 2025. De las 412.253 solicitudes de registro 320.620 (78%) corresponden al alquiler turístico, mientras que las 91.608 solicitudes restantes (22%) corresponden a alquiler no turístico, es decir, de temporada.
A su vez, el pasado 2 de febrero, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana notificó a las plataformas ‘on line’ la existencia de 86.275 viviendas turísticas y temporales ilegales en España, pidiendo que se retiren sus anuncios.
Se trata de viviendas que han solicitado el número de registro de alquiler de corta duración pero que no lo han obtenido porque no cumplen los requisitos, en línea con la normativa europea que obliga a crear un registro único de alquileres de corta duración.
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