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El grupo Cordish vuelve a la carga. La negativa de la Comunidad de Madrid a ubicar un ‘nuevo Eurovegas’ en Torres de la Alameda no ha bajado los brazos a la compañía estadounidense. De esta manerala empresa ha decidido presentar de nuevo su proyecto asegurando que esta vez sí cumple los requisitos de Centro Integral de Desarrollo, lo que le permitiría acogerse a beneficios fiscales.
Según ha informado Europa Press, la empresa americana ha enviado su solicitud al Gobierno de Cristina Cifuentes de forma telemática para iniciar un nuevo expediente. Bajo el objetivo de eliminar las “incertidumbres” que se crearon en primer momento y que derivaron en el rechazo a la idea comercial, el grupo Cordish ha entregado documentación más detallada y sin la declaración de confidencialidad.
Un nuevo intento de la compañía donde se incorporan más detalles del proyecto y en concreto del área centro, la zona más importante que supone una inversión de 600 millones y que incluiría la ‘playa’ de acceso público gratuito, una laguna de seis hectáreas. Asimismo, el grupo norteamericano ha querido atajar el principal rechazo de la Comunidad de Madrid.
El presidente del grupo, David Cordish, ha escrito una carta dirigida al Ejecutivo regional donde garantiza la inversión total del proyecto y su ejecución por 2.200 millones de euros. Y es que uno de las principales dudas que surgieron en el Gobierno de Cifuentes fue con el proyecto inicial que traían los estadounidenses. El consejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, expuso que el promotor no garantizaba la construcción del complejo en su conjunto, sino que “se preveía solamente el inicio con la almendra central, con una inversión cercana a 500 millones de euros”.
Una cuestión que multiplicaban los problemas al estimar que las inversiones públicas que se precisaban “costaban del entorno de los 340 millones de euros”, lo que “no parecía ser muy equivalente a la inversión por parte de la empresa”. “Nada tiene que ver el proyecto que se vendió a los medios con lo que realmente querían llevar a cabo en la Comunidad de Madrid”, llegó a confesar hace un mes el consejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán.
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