La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz / Foto: Ministerio de Trabajo
Según consta en la memoria económica de la norma, a la que ha tenido acceso Europa Press, las nuevas medidas y novedades contempladas en el real decreto ley suponen un mayor gasto de 197,8 millones de euros, pero al mismo tiempo las iniciativas que se suprimen con la entrada en vigor de la norma suponen un ahorro público de 238,93 millones euros anuales.
De este modo, el conjunto de las medidas previstas en el texto conlleva una disminución estimada del gasto público de 36,13 millones de euros al año. A esta cantidad habrá que sumar otros 12 millones de ahorro una vez transcurran los dos años de vigencia de bonificación a la transformación en contratos fijos discontinuos temporales suscritos por trabajadores por cuentas ajenas agrarias.
Entre las partidas que registran un mayor gasto público se encuentran las nuevas bonificaciones por contratar de manera indefinida a jóvenes con baja cualificación o a personas en formación práctica en la empresas, ambas con un coste de 77,6 millones de euros al año.
Asimismo, la transformación de contratos formativos y de relevo en indefinidos supondrá un coste de 40,6 millones de euros, mientras que los costes de tutorización en las empresas vinculados al contrato de formación en alternancia alcanzarán los 30 millones.
En paralelo a las nuevas bonificaciones, con el nuevo decreto ley también se suprimen otras ayudas a la contratación que supondrán un ahorro de 74,8 millones de euros.
A su vez, la prolongación del periodo de actividad de los trabajadores con contratos fijos discontinuos en sectores de turismo y comercio y hostelería vinculados a la actividad turística podría suponer un menor gasto de 130,7 millones de euros. En 2021 se bonificaban los meses de febrero a noviembre y en lo sucesivo solo van a bonificarse los meses de febrero, marzo y noviembre, y por una cuantía fija de 174 euros al mes.
Adicionalmente, la supresión de la bonificación por la contratación indefinida de familiares de la persona trabajadora autónoma supondrá una minoración de gasto de 4,8 millones de euros.
El Gobierno indica que en la actualidad se dedican a la financiación de bonificaciones laborales más de 1.800 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado (PGE). El objetivo de la norma, según explica el Gobierno, pasa por impulsar la reducción del desempleo, especialmente en los casos de colectivos más vulnerables, y la creación de empleo «estable y de calidad».
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