Alberto González Amador llega al Tribunal Supremo acompañado de su abogada.
Así se ha pronunciado el letrado Gabriel Rodríguez Ramos durante la quinta sesión del juicio que se celebra en el Tribunal Supremo contra García Ortiz, quien se enfrenta a peticiones de hasta seis años de cárcel y 12 años de inhabilitación, recoge Europa Press.
El jefe del Ministerio Público está acusado de filtrar a la SER el correo que la defensa de González Amador envió el 2 de febrero de 2024 a la Fiscalía ofreciéndose a reconocer dos delitos fiscales y pagar una multa a cambio de un pacto para evitar el ingreso en prisión.
Después de que el propio García Ortiz declarara en el juicio a preguntas de la Fiscalía y de su defensa, a cargo de la Abogacía del Estado, el presidente del tribunal, el magistrado Andrés Martínez Arrieta, ha pedido a las acusaciones que elevasen a definitivas sus conclusiones.
En este punto, el abogado de González Amador ha trasladado al tribunal que se limitaba a realizar modificaciones puntuales en el contenido de sus conclusiones, pero que mantenía sus peticiones de cárcel y de inhabilitación.
En la misma línea se han pronunciado las acusaciones populares que ejercen el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Foro Libertad y Alternativa–que engloba también a Vox y Hazte Oír— y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).
De hecho, la única acusación popular que ha modificado sus conclusiones ha sido Manos Limpias que ha rebajado de 4 a 3 años su petición de pena de prisión al aplicar una atenuante por “vulneración del secreto sumarial”.
Cabe recordar que la APIF pide 6 años de cárcel y 12 años de inhabilitación por delitos que van más allá de la revelación de secretos, apuntando en concreto a prevaricación. El ICAM, por su parte, reclama 4 años de cárcel, inhabilitación y suspensión de empleo y sueldo durante 3 años.
En cuanto a la acusación popular unificada, Fundación Foro Libertad y Alternativa, Vox y Hazte Oír solicitan que se imponga a García Ortiz una condena a 4 años de cárcel, 3 años de suspensión y pena de inhabilitación.
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