El ‘no’ de Podemos al decreto antiapagones deja al Gobierno en manos de una abstención del PP o Vox

En una rueda de prensa, Fernández ha denunciado que el decreto que está en vigor desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que ahora tiene que ser validado por el Congreso no defiende el interés general, sino los intereses de las grandes empresas energéticas del país.

Con el voto en contra de Podemos, según Europa Press, el Gobierno podría aspirar como mucho a un total de 175 ‘síes’, contando con el apoyo de Junts, que no ha aclarado lo que va a hacer, y del exministro socialista José Luis Ábalos y la diputada de Compromís Águeda Micó, que forman parte del Grupo Mixto. Enfrente estarían PP, Vox, Podemos y UPN, que suman un total de 175 votos.

Según el artículo 88 del Reglamento del Congreso, en caso de un empate la votación se repetiría hasta en tres ocasiones. Si en esa tercera votación vuelve a haber el mismo números de síes que se noes, se entenderá desechado “el dictamen, artículo, enmienda, voto particular o proposición de que se trate”. Es decir, el Gobierno depende de una abstención del PP o de Vox para conseguir la convalidación del texto, pues de otra forma no le salen los números.

“No sirve para prevenir ningún apagon”

Fernández ha explicado que el voto en contra se debe a que el decreto “no sirve para prevenir ningún apagón a futuro” porque no fija obligaciones a las empresas eléctricas para que implementen sistemas de compensación que eviten caídas de tensión como la que produjo el apagón y tampoco establece multas para sancionar los comportamientos “temerarios o codiciosos” de las empresas.

“En definitiva, es un Real Decreto ley que no toca ni un pelo al oligopolio energético y las probabilidades de que haya un apagón son exactamente las mismas con este Real Decreto que sin el Real Decreto”, ha apostillado, recoge la citada agencia.

A esto se suma, dice el coportavoz de Podemos, que el Gobierno “ha colado” una subvención a las macrogranjas, algo que la formación morada rechaza porque supone dar recursos a un sector que busca “envenenar nuestra tierra”

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