Ancianos
En el último mes se incrementó en 8.031 la lista de espera en las personas que debe atender el Sistema de la Dependencia, según la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, cuyos datos apuntan a que actualmente casi el 40% de las personas desatendidas son dependientes con Grado II o III (Dependientes Severos y Grandes Dependientes), y que ascienden a un total de 124.600.
“Además de lo injusto de esta situación, que deja abandonadas a las personas con mayores y más urgentes necesidades de atención”, la plataforma denuncia que existen importantes repercusiones en clave de financiación: el actual Nivel Mínimo, que fue recortado en 2012 según recuerda esta asociación, hace que las Comunidades Autónomas reciban de la Administración central 44 euros al mes por dependiente atendido de Grado I, 82 euros para el Grado II y 177 euros por dependiente atendido del III.
“Las mayores necesidades de apoyo de las personas con grados III y II hacen que generalmente, su atención resulte más costosa a las arcas autonómicas”, explica la plataforma en un comunicado, apuntando que el estancamiento en la atención a los dependientes más severos frente a los leves podría estar en la diferencia de coste que supone para las administraciones regionales.
“La consecuencia más cruel del mantenimiento por tiempo ilimitado de las personas en lista de espera para recibir atenciones es que muchas de ellas fallecen sin haber podido ejercer su derecho reconocido en la Ley de Dependencia”, critica la asociación, recordando que “cada día fallecen 100 dependientes sin recibir prestaciones o servicios a los que tienen derecho.”
Los datos oficiales recogidos por la plataforma reconocían que en 2016 se habían producido más de 40.000 fallecimientos de personas que, siendo dependientes con derecho a atención, no habían llegado a beneficiarse de las prestaciones y servicios oportunos. Extrapolando estos datos, la asociación estima que el número de personas fallecidas pendientes de recibir prestación, solo en lo que va de año, asciende a 32.000.
“Es necesario que se adopte alguna decisión sobre el futuro del sistema en clave de financiación y, hasta entonces, abordar las urgentes necesidades financieras para la atención plena (cobertura total ya demorada dos años con más de 300.000 personas en espera) por la vía del incremento sustancial de las cuantías del Nivel Mínimo Garantizado”, reclama.
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