Residencia de ancianos
El parque residencial se ha estancado justo cuando la población mayor se dispara; la financiación pública se ha ralentizado y la presión sobre familias y plantillas crece. La ratio de plazas y los tiempos de tramitación del SAAD marcan la diferencia entre un ingreso a tiempo o un “limbo” que puede prolongarse casi un año en la media nacional.
A comienzos de 2024 había 395.065 plazas residenciales para mayores en España, 3.510 menos que un año antes: primer descenso interanual en una década. Para alcanzar el estándar de 5 plazas por cada 100 mayores de 65 años faltarían 89.324 plazas.
La cobertura es desigual: solo seis comunidades autónomas cumplen el estándar. Solo cinco comunidades (Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura y Asturias) alcanzan la ratio de 5 plazas por cada 100 mayores de 65 años, y solo dos de ellas lo hacen también con plazas de financiación pública.
Las autonomías con mayor déficit de plazas son Andalucía (-28.457), Comunidad Valenciana (-21.900), Galicia (-14.902), Cataluña (-9.045), Madrid (-8.283), Canarias (-7.574), Murcia (-6.502) y País Vasco (-6.074).
La financiación también pesa. En 2024 la Atención a la Dependencia rozó 12.843 millones de euros: las comunidades aportaron el 72,9% y el Estado el 27,1%; la parte estatal cayó en peso relativo tras cuatro años de subidas.
El déficit de plazas y la financiación fragmentada sostienen un cuello de botella que se traduce en esperas, sobrecarga familiar y tensión laboral
El Panel del SAAD situó en 182.532 las personas en lista de espera en marzo de 2025 (-9,4% interanual), un avance que convive con demoras todavía elevadas. En el primer semestre de 2025, el tiempo medio de tramitación subió a 342 días a nivel nacional. Y las diferencias territoriales son acusadas: Andalucía (574 días) y Murcia (564) encabezaron los retrasos recientes.
Las consecuencias son reales: plataformas ciudadanas han documentado fallecimientos mientras se esperaba resolución o prestación; solo en Galicia se han denunciado 55 muertes en 2025 a la espera de la Dependencia.
La espera media supera con creces el plazo legal y en varias regiones duplica la referencia, con impacto directo en la salud y la autonomía de las personas
Los ratios de personal siguen en el centro del debate. Varias comunidades han actualizado exigencias y metodologías, pero persisten sanciones por incumplir mínimos y por medicación mal gestionada. En Madrid, las inspecciones de 2024 derivaron en 32 residencias sancionadas por falta de personal, medicamentos caducados, uso de sujeciones sin prescripción o deficiencias graves de higiene y alimentación; la consejería defiende que el refuerzo inspector “funciona” y cifra en 12.000 las visitas a 500 centros en dos años.
No todo son malas prácticas: avanza el modelo “libre de sujeciones” en regiones como Castilla y León, con residencias que reducen caídas mediante diseño ambiental y formación en cuidados.
El estándar de calidad pivota en tres ejes: ratios reales por turno, protocolos de medicación y eliminación de sujeciones salvo indicación clínica
Para tener una foto comparable por territorios, el recuento más homogéneo de investigaciones y causas relacionadas con residencias procede del periodo de la pandemia de 2020. Ese corte refleja dónde se concentraron más actuaciones de Fiscalía y juzgados en torno a presuntas irregularidades en centros de mayores, con Madrid claramente a la cabeza.
| Comunidad Autónoma | Investigaciones penales abiertas | Procedimientos judicializados |
|---|---|---|
| Madrid | 107 | 6 |
| Cataluña | 27 | 6 |
| Castilla-La Mancha | 23 | 1 |
| Castilla y León | 22 | 5 |
| Galicia | 12 | 1 |
| Extremadura | 7 | 2 |
| Andalucía | 2 | 0 |
| La Rioja | 2 | 0 |
| Aragón | 1 | 5 |
| Asturias | 1 | 0 |
| Baleares | 1 | 0 |
| Canarias | 1 | 0 |
| Comunidad Valenciana | 1 | 0 |
| Navarra | 1 | 0 |
| Cantabria | 0 | 0 |
| Murcia | 0 | 3 |
| País Vasco | 0 | 0 |
Madrid acumuló el mayor número de investigaciones penales y se situó también entre las regiones con más causas judicializadas
Tras años de denuncias sobre menús pobres o poco adaptados, el Gobierno prepara un real decreto sobre alimentación en residencias y hospitales: frutas y verduras a diario, trazabilidad, porcentaje mínimo de producto de temporada y parámetros de sostenibilidad, entre otras exigencias.
La alimentación digna y saludable es parte del cuidado: más proteínas de calidad, verduras y fruta diaria, y menús adaptados a patologías crónicas
El peso del sector privado es mayoritario: alrededor del 70% de residencias y casi tres cuartas partes de las plazas están en manos privadas. Esto hace aún más relevante la transparencia (actas de inspección, sanciones, quejas) y el refuerzo de canales de denuncia. Organizaciones como HelpAge España reclaman garantías reforzadas de privacidad y dignidad en todos los procesos.
La combinación de titularidad privada mayoritaria y financiación pública exige transparencia radical en contratos, inspecciones, menús y ratios
| Indicador | Último dato |
|---|---|
| Plazas residenciales totales (2024) | 395.065 |
| Déficit para 5 plazas por 100 mayores | 89.324 |
| Lista de espera SAAD (marzo 2025) | 182.532 |
| Variación interanual lista de espera | -9,4% |
| Tiempo medio de espera (1S 2025) | 342 días |
| Inspecciones (Madrid, 2 años) | 12.000 visitas |
| Residencias sancionadas (Madrid, 2024) | 32 centros |
La foto fija: menos plazas, demoras elevadas y disparidad territorial; la respuesta pasa por inversión estable, transparencia y cuidado centrado en la persona
Plan plurianual de plazas y modernización, priorizando donde el déficit es mayor y con criterios públicos y medibles.
Financiación estable y corresponsable para reducir la lista de espera por debajo de 180 días de plazo legal.
Transparencia total de inspecciones, publicación de sanciones, menús y ratios por turno; protección de privacidad y derechos.
Impulso del modelo hogar y atención domiciliaria como alternativas complementarias a la institucionalización.
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