La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.
El juicio a los presuntos ‘espías’ que habrían realizado en 2008 seguimientos al que fuera vicealcalde de Madrid Manuel Cobo, al exconsejero de Justicia Alfredo Prada y a otros políticos madrileños, entre ellos a la que entonces era diputada regional Cristina Cifuentes, se celebrará antes de las próximas elecciones autonómicas de 2019, en plena batalla por la disputa de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.
El nombre de Cifuentes como posible espiada surgió en el transcurso de la declaración ante una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid de dos guardias civiles acusados en esta causa, quienes revelaron el 4 de marzo de 2016 que por orden de Ignacio González se había espiado a Cifuentes cuando era vicepresidenta de la Cámara autonómica, así como a otros políticos como Alberto Ruiz Gallardón y a los socialistas Manuel Robles y Pedro Castro.
La causa instruida por la jueza Carmen Valcarce será juzgada por un Jurado Popular de la Audiencia Provincial de Madrid, cuyos miembros tendrán que decidir sobre los hechos de los que se acusa al director de Seguridad en la época de Esperanza Aguirre, Sergio Gamón, y a otras cinco personas, tres de ellos guardias civiles.
Así lo ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) un auto, al que tuvo acceso Europa Press, en el que rechaza la pretensión de tres de los procesados para no celebrar la vista por un tribunal compuesto por ciudadanos. Ahora la causa que se sigue por un delito de malversación de caudales públicos será devuelta a la Audiencia para el señalamiento de la vista, que tendrá lugar previsiblemente después del verano.
En concreto, el Alto Tribunal madrileño rechaza el recurso de apelación presentado por el exfuncionario José Manuel Pinto y los guardias civiles José Oreja y Antonio Coronado. En el banquillo de los acusados también se sientan el entonces ‘número dos’ de Gamón, Miguel Castaño Grande, y el guardia civil Luis Caro.
En la citada Comisión de Investigación, el acusado Antonio Coronado aseguró que el expresidente regional Ignacio González había sido el que le había ordenado seguir a Cristina Cifuentes y al exalcalde de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón.
Precisamente en el recurso se pedía sin éxito investigar al exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados y a González por formar parte de una presunta «organización criminal», que «operó con funcionarios de distintas administraciones públicas» y que utilizó a los acusados como «escudos para ocultar sus presuntas actividades delictivas».
Fue Manuel Cobo, exmano derecha de Alberto Ruiz Gallardón, quien abrió la caja de pandora al denunciar que había sido víctima de vigilancias entre abril y mayo de 2008. En las diligencias se sumó la denuncia presentada por el ex consejero Alfredo Prada ante la Fiscalía de Madrid.
La causa de los presuntos espías llega a juicio gracias a la Audiencia Provincial de Madrid, ya que la magistrada ordenó tres veces su archivo. La Fiscalía no ejercerá acusación. Sí lo hará el PSOE, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid.
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