El juez titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, ha acordado continuar las diligencias previas con relación al denominado ‘caso del chat policial’, ya que -tras tomar declaración a los agentes municipales investigados- considera que existen indicios de la supuesta comisión de un delito de odio y otro de injurias.
El magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid ha decidido continuar las diligencias previas iniciadas tras la denuncia de amenazas presentada por parte de uno de los agentes –delegado de CCOO- que formaba parte del chat y proseguir la investigación contra los tres agentes de Policía Municipal acusados, a quienes ayer tomó declaración durante unas tres horas.
Según han explicado a Europa Press fuentes jurídicas, el magistrado considera que existen indicios de la supuesta comisión de un delito de odio y otro de injurias, no de uno de amenazas como reclamaba el delegado sindical. No obstante, el juez entiende que “no se dan las condiciones” para acordar la medida cautelar de orden de protección solicitada por el delegado de CCOO que también denunció que en el chat se vertieron mensajes ofensivos y amenazantes contra la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena; a favor del nazismo y de Hitler y en contra de los inmigrantes. Ofensas que también se extendieron a políticos como Pablo Iglesias o Gabriel Rufián, periodistas, y sindicalistas.
Estas mismas fuentes han confirmado que se aceptó la personación del Ayuntamiento de Madrid, no así la del sindicato. Sí se ha admitido, a título personal, la de los periodistas Antonio García Ferreras y Ana Pastor, por los comentarios vertidos en el chat contra ellos.
Durante la sesión de este lunes en la que declararon los agentes, el Consistorio madrileño reclamó que se investigara un posible delito de odio en los contenidos del chat, extremo al que finalmente ha accedido el magistrado. Por su parte, el sindicato pidió la incurrencia del citado delito más el de amenazas y el de injurias.
CCOO reclamó, además, que se establecieran una serie de medidas cautelares contra los agentes, en particular, que se ratificara en las adoptadas por el Ayuntamiento y que fijara una orden de alejamiento, una protección de escolta oficial o la restricción de acceso a las bases policiales.
El secretario de Policía Municipal del sindicato, Emiliano Herrero, también anunció su intención de personarse como acusación particular en la causa. De hecho, el juez dio traslado este lunes a las partes de tal denuncia.
En la vista participaron los dos letrados de los agentes, el fiscal, la letrada del Ayuntamiento de Madrid, el de los citados periodistas y el del sindicato CCOO. Las declaraciones de los tres agentes -que no quisieron hacer ningún comentario a los medios y salieron por otra puerta- comenzaron en torno a las 14.20 horas de la tarde, con una hora y veinte minutos de retraso conforme a lo previsto.
Los policías municipales, según relató el abogado de CCOO, Antonio García, dieron su testimonio “tranquilos aunque asustados”. “No esperaban esto, han dicho que eran comentarios de broma”, contó el letrado.
García añadió que uno de los aspectos centrales de la causa es acreditar la autenticidad digital y la identidad de los agentes en el chat, es decir, que quede probado que eran ellos los que vertían los mensajes denunciados a través de sus teléfonos móviles.
El chat, que ya ha sido cerrado según el abogado del sindicato, fue creado hace dos años para tratar el asunto del turno de noche del Cuerpo y lo componían unas 150 personas, cifra que al final había quedado reducida hasta apenas 24. Todo comenzó tras los atentados en Cataluña de este mes de agosto, cuando un grupo de cinco o seis agentes comenzaron a ofender a Carmena por su posición sobre el conflicto catalán.
Fue un delegado sindical de CCOO, integrante de ese chat, el que les reprochó allí sus comportamientos. A partir de ese momento comenzó a recibir insultos y amenazas continuadas y fue expulsado de la conversación. Por todo ello, decidió interponer una denuncia ante el Juzgado de Guardia.
Ante esta situación, el Ayuntamiento entendió que resultaba pertinente retirar el arma y la credencial a los tres agentes e impedirles la entrada a dependencias policiales. Además, se les impidió el acceso a los archivos informáticos y a cualquier base de datos de la Policía.
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