Rodrigo Rato en su comparecencia en el Congreso de los Diputados.
El magistrado Antonio Serrano-Arnal entiende que no ha lugar a la apertura de juicio oral por la supuesta comisión de los delitos de falsedad continuada e insolvencia punible, por lo que no será juzgado por estas conductas. En esta resolución, contra la que no cabe recurso, se declara competente para el conocimiento y fallo de la causa a la Audiencia Provincial de Madrid.
La Fiscalía Anticorrupción pide casi 70 años de cárcel para el ex ministro de Economía por defraudar más de 8,5 millones de euros. Le acusa de once delitos contra la Hacienda Pública, pidiendo penas de entre cuatro y seis años de cárcel por cada uno; uno de blanqueo de capitales, por el que reclama seis años; otro de insolvencia punible, por el que pide cuatro años; otro de corrupción en los negocios.
A lo largo de la investigación judicial, se han identificado incrementos no justificados en el patrimonio de Rato entre los años 2005 y 2015 por un importe total de 15.633.056,87 euros, además de rendimientos de capital mobiliario en el exterior que tampoco fueron declarados a la Hacienda Pública. Las cuotas defraudadas ascenderían a 8.586.121,67 euros en esos ejercicios fiscales.
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