El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) requiere la documentación de la conocida como Operación Chamartín al rechazar el recurso formulado por Distrito Castellana Norte (DCN) para impedir que dichos documentos se aporten al procedimiento judicial abierto a instancia de Ecologistas en Acción y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales (FRAVM), según informan los denunciantes.
Ecologistas en Acción recuerda en un comunicado que el 20 de noviembre de 2018, el TSJM admitió a trámite el recurso contencioso-administrativo, interpuesto por Ecologistas en Acción y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, contra la aprobación inicial de la modificación puntual del plan general de ordenación de Madrid, en el ámbito Madrid Nuevo Norte. Y explica que el 11 de febrero de 2019, ambos colectivos solicitaron la ampliación del expediente aportado por el Ayuntamiento de Madrid, al faltar todos los contratos y demás documentos firmados, en los últimos 25 años, entre Renfe/Adif y DCN. Para ambas organizaciones, esos documentos forman parte indisoluble del expediente que se ha recurrido.
Una solicitud de ampliación de expediente la que se opuso DCN, que el 20 de febrero DCN e interpuso el correspondiente recurso de reposición, al considerar que los documentos solicitados no forman parte del expediente, correspondiente a la aprobación inicial de Madrid Nuevo Norte.
La ONG ecologista informa que “ahora, el TSJM, mediante Decreto de fecha 14 de marzo, ha desestimado el recurso de reposición interpuesto por DCN, al considerar procedente la ampliación del expediente administrativo en aras a no producir indefensión”. Y presa que “esta decisión quiere decir que el Ayuntamiento de Madrid deberá completar el expediente aportando los documentos requeridos por la FRAVM y Ecologistas en Acción”.
Estas dos entidades valoran positivamente la decisión judicial por dos motivos. “En primer lugar porque se podrá tener acceso a una documentación que lleva oculta 25 años y que influye en las decisiones actuales del Ayuntamiento de Madrid”. Pero, además, considera que esta decisión, “sin duda, influirá en los recursos que DCN ha interpuesto contra el acuerdo de Adif de 18 de septiembre de 2018 y la resolución de 19 de octubre de 2018 del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, permitiendo el acceso a la información”. Subrayando que dado que el TSJM, estima que “los documentos -que llevan 25 años ocultos- forman parte de un expediente administrativo público, cae automáticamente la tesis de DCN de que se trata de documentos privados”. Por con que opinan que “existe una alta probabilidad de que la Justicia desestime las pretensiones de DCN en todos los procedimientos que ha abierto”.
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