Banco Popular
La que fuera directora de Auditoría Interna del Banco Popular Yolanda Cagiao, que declaraba este jueves en calidad de testigo en la Audiencia Nacional en relación a las presuntas irregularidades que llevaron a la resolución y posterior venta del Banco Popular a mediados de 2007, ha salido finalmente siendo imputada por el juez José Calama tras haber declarado durante menos de una hora.
Según fuentes presentes en la declaración, consultadas por Europa Press, la testigo –ya jubilada– ha sido citada a las 9.00 horas, y antes de que fueran las 10.00 horas el magistrado ha suspendido el interrogatorio para que sea de nuevo citada pero en esta ocasión como imputada.
En ese breve espacio temporal, a Calama le ha dado tiempo a preguntarle por sus funciones en el banco, por su cargo y su formación, Cagiao formaba parte del equipo de auditoría interna de la entidad en el momento de la ampliación de capital de 2016, si bien entonces aun no era la máxima responsable.
Por eso, ha explicado al juez que ella no intervino en nada relacionado con la financiación que dio el banco a sus clientes para acudir a esa ampliación –de más de 2.000 millones–, ya que si bien pertenecía a uno de los tres departamentos de auditoría, no era responsable.
Aunque sí ha explicado que se encargó de investigar la comercialización de esa ampliación, pero limitándose a que se cumpliera con el reglamento MiFIR, el marco normativo europeo sobre mercados e instrumentos financieros que regula la transparencia de la negociación e incluye ciertas acciones supervisoras.
Tras explicar esto, el juez le ha interpelado preguntándole si no miraron cómo financiaban esa compra de acciones sus clientes, a lo que ha respondido que no, y ha añadido que no era ilegal financiar la compra de acciones, no le constaba que lo prohibiera el banco.
Al hilo, ha explicado que el que fuera su jefe en el departamento de auditoría realizó la tarea de ver qué clientes recibieron financiación entre mayo y junio de 2016, y que esa documentación le fue transferida a ella en enero de 2017 cuando asumió el cargo de directora de Auditoría Interna.
En esa información recabada se chequeaba qué clientes obtuvieron financiación pero a ella los datos le parecieron poco relevantes. Tras esto, el juez ha dado por concluida la declaración, le ha anunciado que la imputaba y ha abandonado la sala.
El juez Calama investiga dos fases de este proceso: por un lado las presuntas irregularidades contables del Popular en 2016, con la ampliación de capital de más de 2.000 millones de euros, y por otro las filtraciones a prensa de un año después que habrían provocado la resolución a mediados de 2017.
Según la instrucción de la causa, en ese periodo 2016-2017, el que fuera presidente de la entidad financiera Ángel Ron, investigado en esta caso, defendió la situación «inmejorable» del banco y se vendió una imagen de solvencia económica y patrimonial. Sin embargo, los beneficios se convirtieron en pérdidas y los dividendos nunca llegaron.
El Santander fue la entidad que compró el Popular por un euro después de la resolución, estando el frente del banco ahora extinto Emilio Saracho –también investigado– tras lo cual comenzaron a presentarse denuncias por presuntas irregularidades contables que han acabado en la Audiencia Nacional.
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