Juan Carlos Monedero, cofundador de Podemos
En un primer auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez Juan José Escalonilla ha acordado apartar a Podemos del procedimiento en el que se le atribuía un presunto delito electoral, en concreto un delito de financiación ilegal, porque «no está prevista la posible responsabilidad penal de dicho partido político».
En un segundo auto, al que también ha tenido acceso esta agencia de noticias, el magistrado instructor ha asegurado que «no existen indicios de que Juan Carlos Monedero intermediara ni tuviera participación alguna en la contratación llevada a cabo por Unidas Podemos en fecha 27 de febrero de 2019 con la mercantil Neurona Comunidad S.L., ni por tanto con el trabajo de consultoría electoral llevada a efecto en base a dicho contrato por Neurona Consulting SA de CV».
Monedero figuraba como imputado en el procedimiento por una factura emitida el 30 de diciembre de 2018 por valor de 30.000 dólares en concepto de «300 horas de consultoría presencial Buenos Aires, México y Colombia» por la que el 25 de enero de 2019 recibió un ingreso bancario de 26.200,31 euros de Neurona Consulting.
El titular del Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid ha acordado finalmente el archivo después de que el pasado febrero la defensa de Monedero, a cargo del letrado Antonio Segura, le pidiera que le exonerase de la investigación toda vez que el informe de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional descartó que manipulase los correos electrónicos en los que consta la factura de 26.200 euros –que emitió a la consultora– por la que estaba investigado.
Tanto el juez como la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía creían que se trataba de una factura falsa que encubriría una presunta comisión que Monedero habría recibido por su supuesta intermediación para que Podemos contratara a la filial española de Neurona Consulting –Neurona Comunidad– para las elecciones generales celebradas el 28 de abril de 2019.
Pero Monedero insistió en que tras las diligencias practicadas quedaba «aclarado que el pago en cuestión no pudo ser una intermediación, pues en la fecha de redacción de la factura, ni siquiera estaba prevista la celebración de elecciones generales».
Ahora, el juez ha reconocido que de la autenticidad de los correos de Monedero «cabe inferir en primer lugar la autenticidad de la factura» que elaboró el dirigente «y en segundo lugar que la transferencia de dinero recibida el día 25 de enero de 2.019 se correspondía con el pago de servicios de consultoría realizados durante el año 2018 a dicha sociedad mejicana».
Los agentes de Ciberdelincuencia emitieron un informe –al que tuvo acceso Europa Press– en el que explicaron que Monedero «no tiene capacidad de modificación de un correo ya enviado», dado que «estos datos se almacenan en servicios gestionados por Google a los que los usuarios no tienen acceso (…) más allá de poder enviar o recibir».
En su declaración del 15 de marzo de 2021, Monedero negó que la factura en cuestión fuera falsa y atribuyó los errores que contenía a que no es un experto en hacer facturas. Ese mismo día aportó unos ‘emails’ con una socia mexicana de Neurona, en el que figuraban los viajes realizados y las horas de trabajo imputables a cada uno, y un documento adjunto llamado ‘factura’. También dio un historial de los billetes emitidos a su nombre por Iberia en 2018 donde figuran vuelos a México, Colombia y Argentina.
Tras la decisión del juez de archivar el procedimiento para Podemos y Monedero, aún queda pendiente que se pronuncie sobre el resto de investigados –personal del partido y de la consultora–.
A principios de año, Escalonilla descartó prorrogar el plazo de la investigación. Recordó que en julio del año pasado dictó un auto en el que acordó que no se prorrogarían las pesquisas porque concluyó que no había más diligencias que practicar.
De momento, el informe pericial que encargó el juez hace casi dos años sobre los costes de los servicios prestados por Neurona a Podemos es la única diligencia que queda pendiente en la investigación.
Se prevé que una vez que se aporte dicho informe al procedimiento el titular del Juzgado decida si archiva o si, a la vista de nuevos indicios recogidos en tal documento, retoma la investigación.
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