Albero Ruiz Gallardón
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón propone juzgar a un total de 22 personas por las posibles irregularidades cometidas entre 2001 y 2002 en el proceso de adquisición por parte del ente público Canal de Isabel II de la sociedad colombiana Inassa y archiva esta pieza del “caso Lezo” respecto de 15 personas, entre ellas el exministro Alberto Ruiz Gallardón, el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y el exvicealcalde de Madrid Manuel Cobo.
En el auto de transformación de las diligencias a procedimiento abreviado, el magistrado ve indicios de la comisión de los delitos de malversación de caudales públicos agravado y da traslado a las acusaciones personadas para que en el plazo de 10 días presenten sus respectivos escritos de acusación.
El juez abre una pieza separada en la que incluye estos hechos, que se remontan al año 2000 cuando varios de los investigados vinculados a Agbar llegaron a un acuerdo con los socios locales colombianos de Inassa para conseguir que Agbar les vendiera toda su participación en Inassa con el fin de convertirse en socios únicos de la misma y, “a continuación, llevar a cabo las gestiones necesarias para vender esta sociedad por un precio muy superior a su valor real a cambio de lo cual los citados trabajadores recibirían un porcentaje de INassa como así sucedió finalmente”.
El magistrado relata toda la operativa llevada a cabo por los investigados de una adquisición que, según explica “estuvo plagada de ilicitudes y contrariamente a lo autorizado”, y que determinó que el 13 de diciembre de 2001 Canal de Isabel II aceptara pagar 73 millones de dólares por la compra de Inassa “es decir, se aquietara a pagar un sobreprecio injustificado de, al menos, una cantidad comprendida entre 23 millones de dólares y 35.485.981 dólares”.
El titular del Juzgado Central de Instrucción 6 asume el criterio de la Fiscalía Anticorrupción y acuerda el sobreseimiento provisional y archivo de esta pieza respecto de 15 investigados, entre ellos Ruiz Gallardón, Ignacio González o Manuel Cobo.
La resolución acuerda incorporar a las actuaciones los dos informes periciales aportados junto con el escrito del Ministerio Fiscal, al considerarlos un prueba “relevante y necesaria” para reforzar la acreditación de los hechos relativos a la adquisición de la sociedad Inassa por el ente público Canal de Isabel II.
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