Alberto Ruiz Gallardón, exministro de Justicia
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha citado para mediados del próximo mes de noviembre a diez antiguos altos cargos del gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón en la Comunidad de Madrid para que declaren como testigos en el marco de la investigación por la compra supuestamente irregular de la empresa colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 había pedido al actual Gobierno madrileño un listado con la «identidad completa y domicilio de las personas que el 29 de noviembre de 2001 ocupaban el cargo de secretarios de gobierno en las consejerías de Presidencia, Hacienda, Justicia y Administraciones Públicas, Economía, Obras Públicas, Educación, Medio Ambiente, Artes, Servicios Sociales, Sanidad y Trabajo”.
Ahora, con la información recibida, el magistrado ha citado en una providencia, adelantada por ‘La Información’, a Patricia Lázaro, Concepción Crespo y Ángeles Huerta, ex secretarias generales técnicas de Presidencia, Hacienda y Justicia, respectivamente, para el próximo 13 de noviembre a las diez de la mañana.
Un día después, a la misma hora, García Castellón ha convocado a los ex secretarios generales técnicos Casilda Méndez (Economía), Jesús Mora (Obras Públicas), Carmen Díaz (Educación) y Eugenia Castro (Artes).
También a las diez de la mañana del 15 de noviembre deberán acudir a declarar a la Audiencia Nacional Francisco Panadero, Adoración Muñoz y Gerardo Ravassa, los respectivos ex secretarios generales técnicos de las consejerías de Servicios Sociales, Sanidad y Trabajo.
Esta citación se produce después de que ya hayan pasado por el juzgado todos los investigados por la compra de Inassa, la pieza 1 del conocido como caso Lezo, entre ellos el propio expresidente Gallardón, los que eran sus consejeros en 2001 y todos los miembros del consejo de administración del Canal de Isabel II aquel año, recuerda Europa Press.
De este modo, están imputados todas aquellas personas que dieron el visto bueno a la adquisición de la empresa colombiana, una operación que se llevó a cabo por 73 millones de dólares y que, para la Fiscalía Anticorrupción y el magistrado instructor, presentó un «cúmulo de irregularidades».
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