El juez del caso del Popular critica que el BCE está generando un “evidente retraso” en la instrucción

En un auto, el magistrado cita a Ignacio Pardo para el 14 de diciembre y dos días más tarde a Giorgis con el fin de que presten declaración como coordinadores del equipo de supervisión del Banco Popular en relación con la información que obtuvieron en el ejercicio de sus funciones profesionales.

Calama explica que el pasado 1 de julio solicitó al BCE información, por un lado, de los equipos de seguimiento que supervisan el banco de forma permanente y, por otro, de los equipos asignados a las inspecciones in situ (OSI on-site inspections) con el objetivo de llamarles a declarar sobre las revisiones o inspecciones que realizaron en el Popular.

Pese a la petición, señala Calama, el Juzgado no ha recibido la información solicitada a pesar de haber transcurrido tres meses y medio de que el BCE recibió la solicitud.

El auto reproduce la contestación del supervisor europeo en la que señala: “procesaremos su solicitud y volveremos a ponernos en contacto contigo tan pronto como podamos. Sin embargo, ten en cuenta que como el equipo conjunto de supervisión para el Banco Popular lleva disuelto desde hace bastante tiempo y la solicitud apunta a periodos concretos, la recogida de los datos solicitados podría llevar algún tiempo”.

La tardanza del BCE está generando un “evidente retraso” en la instrucción

Para el magistrado, la tardanza del supervisor bancario europeo está generando un “evidente retraso” en la instrucción de la presente causa, sujeta a los plazos que prevé el artículo 342 la Ley de Enjuiciamiento Criminal. “Máxime cuando lo que solicitó el juzgado en su auto de 1 de julio, era básicamente la identidad de los miembros de ciertos equipos de supervisión. Por tanto, no se alcanza a entender que se necesite tanto tiempo para un trámite en apariencia sencillo”, subraya el instructor.

Calama añade que ante el objetivo retraso del BCE en proporcionar al juzgado la información solicitada respecto de la identidad de los equipos conjuntos de supervisión, “nos vemos compelidos a citar directamente a quienes fueron los responsables de dichos equipos (JST, por su acrónimo en inglés)”.

Por ello, el magistrado cita a Pardo y Giorgis para que aporten al órgano judicial datos esenciales para la instrucción de la causa dado el conocimiento exhaustivo que tenían sobre la situación del balance del Banco Popular, su modelo de negocio y gobernanza.

“Reiteramos que su testimonio devendrá relevante en materia de provisión de activos dudosos, refinanciaciones y gestión de activos adjudicados, incluyendo las tasaciones de las garantías inmobiliarias. También, en materia de liquidez”, precisa el juez.

Calama pide al BCE, a través del Banco de España, que suspenda la inmunidad de ambos y, tras ello, les autorice a revelar la información que como miembros del equipo de supervisión obtuvieron en el ejercicio de sus funciones profesionales.

“En opinión de este magistrado, el testimonio de los citados inspectores no comprometerá ni los intereses de la Unión Europea (UE) ni los del BCE. El procedimiento que estamos instruyendo es de naturaleza penal e investiga hechos relacionados con la gestión del Banco Popular. A nuestro juicio, el BCE debe ponderar que dicha entidad fue resuelta en junio de 2017 y, posteriormente, perdió su personalidad jurídica”, concluye el juez.

“Después de más de cuatro años -desde que se resolvió el banco- es difícil imaginar que dicho testimonio pueda dañar los intereses de la UE o del BCE”, agrega.

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