A partir de ahora, en este procedimiento en el que se ha investigado la ocultación y afloramiento de capitales ilícitamente obtenidos, se da un plazo a las acusaciones de treinta días para que soliciten la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o bien soliciten el sobreseimiento.
El magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción Número 6 señala que entre los años 2011 y 2014, De Miguel realizó diversas maniobras con el fin de aflorar en España fondos de origen desconocido. Para ello, detalla, otorgó contratos simulados de préstamos en los que sus sociedades se interponían como prestamistas o prestatarias y realizó otras inversiones, recoge Europa Press.
Asimismo, el instructor recuerda los seis delitos prescritos, que se habrían cometido entre los años 1999 a 2008, con los que De Miguel habría defraudado a la Hacienda Pública 1.517.027 euros, y por los que no se ha formulado acusación.
Gadea entiende que, de lo investigado, cabe inferir la actuación desplegada entre 1999 y 2014 por De Miguel -director gerente del Canal de Isabel II entre 2003 y 2009- para “ocultar ganancias cuyo origen lícito se desconoce e introducirlas en el circuito legal dotándolas de apariencia lícita”.