Audiencia Nacional
La declaración ante el juez instructor estaba prevista este miércoles, pero a petición del propio Riaño y de otro de los investigados en esta pieza, el ex jefe de Riesgos del BBVA Antonio Béjar, finalmente se ha acordado aplazar la comparecencia hasta después de Semana Santa, según la providencia firmada por el juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6, Joaquín Elías Gadea Francés, a la que ha tenido acceso Europa Press.
El ex inspector de la Comisaría General de Información ha sido citado a declarar en calidad de investigado por un presunto delito de revelación de secretos. El magistrado García Castellón le imputó junto a otros dos policías, José María Serrano Ydigoras y Manuel Novoa Martínez.
Riaño ya confirmó en 2019 en la Audiencia Nacional que proporcionaba datos privados de terceros al ‘clan’ del comisario Villarejo por orden del entonces jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), el también investigado en la causa Enrique García Castaño. En concreto declaró por esas búsquedas en bases policiales al margen del cauce oficial y para el encargo del bufete de abogados Herrero y Asociados –pieza número 2 de la macrocausa denominada ‘Iron’–.
De hecho, la Fiscalía Anticorrupción solicita para este ex inspector de Policía Nacional 50 años de prisión por su implicación en la pieza ‘Iron’ del caso ‘Tándem’. Así, será juzgado junto a Villarejo y otros encausados a partir del 13 de octubre en la vista oral que acumula tres piezas separadas (Iron, Land y Pintor).
Cabe recordar que el pasado 11 de marzo declararon hasta cuatro mandos policiales ya, investigados también por su supuesta participación en hechos constitutivos de delitos de descubrimiento y revelación de secretos y delitos de cohecho. Todos coincidieron en afirmar que no sabían que la información que extraían de programas policiales iba destinada al comisario Villarejo.
Según fuentes jurídicas presentes en su declaración, sostuvieron que ellos sólo extraían información que les demandaban sus superiores por escrito, y que esas órdenes no eran verbales. Apuntaron que pensaban que se trataba de asuntos normales de la Policía.
En un auto con fecha de 22 de febrero el magistrado que investiga los contratos del BBVA con el comisario jubilado imputaba a estos policías, un inspector jefe, un subinspector y dos oficiales. A la par, ordenaba a la Unidad de Asuntos Internos (UAI) que aportara la identificación de la persona que desde una concreta dirección IP ubicada en la Comisaría General de Información (CGI) en marzo de 2015 realizó una consulta sobre personas de interés policial con el dato ‘Smolnikov’ en los ficheros y aplicaciones Argos, Atlas Sidenpol y Objetos.
El magistrado recordaba que en los encargos realizados por el comisario se llevaron a cabo injerencias en los derechos fundamentales de determinadas personas mediante el acceso a sus comunicaciones, seguimientos o acceso a cuentas bancarias. Subrayaba que los informes que entregó Villarejo a BBVA incorporaban «una ingente cantidad de datos personales relativos a las personas objeto de investigación, buena parte de los cuales son accesibles a través de las diferentes ficheros y aplicaciones policiales».
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