El juez Andreu deja en libertad al dueño del locutorio de Ripoll

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu sigue tomando decisiones judiciales sobre el atentado en Barcelona y Cambrils. El magistrado ha decretado la libertad para Salah El Karib, uno de los cuatro detenidos por los ataques terroristas y responsable del locutorio donde se compraron billetes de avión para el imán de Ripoll, Abdelbaki Es Satty.

El sospechoso tendrá que comparecer todos los lunes ante el juzgado y tiene prohibido salir del territorio nacional, según ha podido saber RTVE.es. Una libertad provisional sin fianza después de que el juez Andreu no viese “indicios suficientemente sólidos” para decretar su ingreso en prisión o tomar otro tipo de medidas judiciales.

En el auto de libertad, el magistrado ha incidido que los indicios recabados sobre el dueño del locutorio “no permiten establecer, con la apariencia que en buen derecho procede, la existencia de elementos indiciarios lo suficientemente sólidos como para adoptar una medida de la gravedad y excepcionalidad de la prisión preventiva”. De hecho, se ha señalado que la explicación ofrecida por El Karib es “plenamente congruente” con los datos ofrecidos por otro de los detenidos, Driss Oukabir, quien aseguró que había encomendado la compra de los billetes de avión a su hermano Moussa Oukabir.

Según el relato de la investigación, Moussa era el encargado de la compra de los billetes para el imán de Ripoll. Sin embargo, al ser este menor de edad y al no disponer de tarjeta para realizar la compra, la operación se hizo con la tarjeta de El Karib, regente del locutorio, a quien luego se le dio el importe en efectivo.

Asimismo, el juez Andreu ha recalcado que no se ha constatado “relación alguna” del detenido con el resto de las personas que integrarían la célula terrorista. La única relación tiene que ver con “esporádicas operaciones de envío de dinero” realizadas en el locutorio y que dichos envíos de dinero no permiten extraer ninguna conclusión de interés para el procedimiento pues se trata de “sumas razonables” a favor de los familiares de algunos de los investigados que vienen de Marruecos.

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