El ex asesor del ex ministro José Luis Ábalos, Koldo García, llega al Tribunal Supremo para declarar, a 17 de diciembre de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press
La prórroga, que comenzará a contar el 8 de marzo, responde a la necesidad de examinar teléfonos, ordenadores y documentos incautados en registros anteriores.
El juez extiende la instrucción del caso hasta septiembre debido al volumen de pruebas incautadas, que podrían derivar en nuevas imputaciones
El juez de instrucción número 2 de la Audiencia Nacional ha justificado la extensión del plazo de investigación debido al volumen de pruebas obtenidas durante la operación Delorme, llevada a cabo en febrero de 2024. En esas actuaciones, se incautaron dispositivos electrónicos y documentación clave perteneciente a los investigados.
Recientemente, el magistrado también ordenó la apertura de una nueva pieza separada, tras recibir un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Además, la pasada semana se descubrió en la sede judicial una caja con documentos relacionados con Koldo García, exasesor ministerial y uno de los principales implicados, y su hermano Joseba García.
Entre las pruebas aún pendientes de análisis hay teléfonos, ordenadores y documentos que podrían aportar nuevas evidencias
La investigación se centra en el supuesto pago de comisiones ilícitas en la adjudicación de contratos públicos para la compra de mascarillas durante la pandemia. Según los avances del caso, estas adjudicaciones habrían beneficiado a una red de personas cercanas a altos cargos gubernamentales.+
Una caja con documentos sobre Koldo García ha aparecido en la sede judicial más de un año después de los registros
El grueso de la investigación fue trasladado al Tribunal Supremo, después de que el juez Moreno considerara necesario indagar en la implicación del exministro de Transportes José Luis Ábalos, quien supuestamente jugó un «papel principal» en la presunta trama de corrupción.
Con la prórroga de la instrucción hasta septiembre, se espera que la UCO de la Guardia Civil continúe analizando las pruebas y recopilando información que podría derivar en nuevas imputaciones. La aparición de documentos en la sede judicial refuerza la hipótesis de que la red de corrupción podría ser más amplia de lo que se estimaba inicialmente.
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