El jefe de Información de la Policía afirmó ante el juez que Kitchen se montó sin su conocimiento

El que fuera Comisario General de Información Enrique Barón Castaño firmó ante el juez que investiga la operación Kitchen en la Audiencia Nacional que este dispositivo que cuya organización se atribuye a sus subordinados -el que fuera jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional, Enrique García Castaño, y el excomisario jubilado en prisión José Manuel Villarejo- se montó sin su conocimiento. «No se me participó ninguna actividad», afirmó rotundamente.

El que fuera superior de los dos imputados reconoció ante el magistrado que su relación con García Castaño se fue degradando. «Esto es como el amor, que oyes comentarios y ves actitudes que no te gustan», comentó a preguntas del fiscal Anticorrupción Ignacio Stampa, para terminar relatando un asunto que afectó a la publicación en prensa de un asunto que afectaba a un familiar, y que según le contaron periodistas había movido García Castaño.

En cuanto al comisario en prisión, señaló que jamás había recibido una información procedente de Villarejo que hubiera tenido un resultado operativo», si bien añadió que desconocía sus funciones concretas. También se mostró muy sorprendido cuando el fiscal le enseñó una anotación en una agenda incautada a Villarejo en la que señalaba que se había colocado un micrófono en su despacho, puesto que esto «sería el colmo»

En todo caso, a lo largo de su interrogatorio se mostró firme al afirmar que jamás se le participó ninguna información relativa a un operativo dirigido a vigilar a la familia del extesorero del PP Luis Bárcenas, de hecho puso en duda que ésta pudiera hacerse con el número de agentes que señalan los investigadores, cercanos a los 70, pues esto hubiera puesto en peligro otros operativos que requerían a ese personal. «Me parece técnicamente imposible, es desmantelar toda una unidad dedicada a otras cosas», afirmó ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6.

Tampoco pudo dar explicaciones sobre la razón por la que fue la Brigada de Información de Madrid, y no la policía judicial, la que se hizo cargo de la investigación del secuestro por un cura falso de la familia del extesorero del PP. No tuvo ningún conocimiento tampoco de esta operación policial.

Preguntado por el fiscal por el hecho de que tras el incidente se diera a la esposa de Bárcenas, Rosalía Iglesias, un dispositivo móvil para que lo utilizara si volvía a tener problemas de seguridad, Barón reconoció que esta circunstancia no fue «normal», ya que se suele dar un papel con un número al que llamar en caso de necesidad. Dentro del terreno de la hipótesis, apuntó a que con ello podría buscarse evitar que las conversaciones fueran captadas por otro operativo policial o hacerle seguimientos, ya que el aparato permitiría fijar su posición.

Sobre el uso de fondos para financiar la operación ilegal, tales como dietas a los agentes que vigilaron el domicilio de los Bárcenas, Barón tampoco pudo aclarar demasiado, ya que reconoció que él debía validarlos pero es imposible discernir si se trata de pagos para un asunto irregular si se le justificaban como atribuibles a «vigilancias». De los fondos reservados, admitió que no cree que puedan utilizarse para gratificaciones o sobresueldos a funcionarios.

EL CAJERO DE LOS FONDOS

Por su parte, Felipe Eduardo Casa Córdoba, que fue secretario general de la DAO entre septiembre de 2013 y mayo de 2015, explicó en su declaración ante el juez –en calidad de testigo– que una de sus funciones era hacer de «cajero-pagador» de los fondos reservados. «Cobrábamos la cantidad de la Secretaría de Estado y la repartíamos entre las distintas unidades», precisó.

El sistema era el que había heredado de José Manuel Benavides Rollo, que consistía en que las comisarías generales, las jefaturas superiores y algunas las unidades especiales hacían su petición de gastos conforme a los generados el mes anterior y la entrega del dinero la autorizaba el DAO: «Todo pasaba por el DAO». Casa Córdoba se ocupaba de anotar fechas, cantidades y receptor en una especie de libro contable y de dar el dinero en efectivo con la firma de un ‘recibí’.

De acuerdo con Casa Córdoba, él no conocía el «pormenor» de los gastos porque «era la unidad la que debía justificarlos llegado el caso». Sin embargo, «el señor Villarejo era especialmente meticuloso en el aporte de recibos y documentos procedentes de sus actividades operativas». «Cada vez que venía a cobrar aportaba absolutamente todos los documentos que sumaban el total de gastos, pero todo absolutamente, hasta el ticket de un aparcamiento», destacó.

Sobre a dónde se imputaban los gastos reclamados por Villarejo, el testigo indicó que, como no bebía de los fondos reservados por pertenecer a una unidad, sino como «investigador más o menos autónomo», «despachaba directamente con el DAO». «Llegaba, despachaba con el DAO (…) y, cuando entraba a mí despacho, le pagaba, firmaba el recibí y aportaba todo eso», describió.

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