Ni el presidente del BBVA, Carlos Torres, ni ningún miembro actual del consejo de administración están implicados en los contratos que el banco encargó al excomisario José Manuel Villarejo y que se están investigando en la Audiencia Nacional. Al menos así parece mostrarlo el informe ‘forensic’ –todavía en curso- que la entidad encargó a PWC, de acuerdo con el ‘Informe Anual de Gobierno Corporativo’ que ha hecho público hoy BBVA.
“En la documentación relevante obtenida de la investigación ‘forensic’, todavía en curso, que se ha puesto a disposición de las autoridades judiciales y son la base del sumario instruido, no hay ningún tipo de implicación de ninguno de los actuales miembros del consejo de administración, ni del actual presidente ejecutivo de la entidad, ni se ha comprobado la comisión de actividades delictivas por parte del banco”, señala el grupo en su informe.
La Audiencia Nacional está investigando los contratos que BBVA encargó durante la etapa de Francisco González a la empresa Centro Exclusivo de Negocios y Transacciones (Cenyt), vinculada al excomisario Villarejo. A este respecto, con fecha 29 de julio de 2019, el banco fue notificado del auto del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, por el que se declara le declara como parte investigada “por supuestos hechos que podrían ser constitutivos de los delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios”. “Determinados directivos y empleados del grupo, tanto actuales como de una etapa anterior, así como antiguos consejeros también están siendo investigados en relación con este caso”, detalla el informe hecho público hoy.
BBVA asegura que “ha venido colaborando y continúa haciéndolo de manera proactiva con las autoridades judiciales, habiendo compartido con la justicia la documentación relevante obtenida de la investigación ‘forensic’, todavía en curso, relativa a su posible relación con Cenyt”.
“En este sentido, en su declaración ante el juez y los fiscales por petición del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, el banco defendió la inexistencia de responsabilidad penal alguna de la Entidad, debiendo señalarse, además, que la responsabilidad penal de las personas jurídicas sólo es exigible legalmente desde el año 2010”.
“Desde enero de 2019, esta cuestión se ha venido reportando de manera recurrente a los órganos sociales del banco, tanto en lo que respecta a las comisiones del consejo de administración a las que se atribuyen competencias sobre estas materias (comisión de auditoría y comisión de riesgos y cumplimiento) como al propio consejo de administración en pleno. Dichos órganos han impulsado y supervisado los procesos de investigación interna, determinando la plena cooperación de la Entidad con la Justicia y el desarrollo de una política de transparencia”. Además, el grupo ha adoptado “distintas medidas de refuerzo de los sistemas de control interno de la entidad”.
Por último, BBVA asegura en su informe de gobierno corporativo que “este caso no ha tenido impacto en el desarrollo de los negocios de la entidad, ni ha deteriorado sus índices de reputación, que son objeto de un seguimiento recurrente tanto por el ámbito ejecutivo, como por sus órganos de administración”.
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