CNMC
El indicador, que sirve como referencia para revisar precios de contratos públicos y privados, vuelve a marcar terreno negativo por segundo mes consecutivo.
Tras comenzar 2025 con una tasa negativa del -0,31% en enero, el IGC continúa su descenso, reflejando una pérdida de competitividad de la economía española frente a la zona euro. Este indicador, cuya metodología tiene en cuenta el Índice de Precios al Consumo Armonizado (IPCA) de la Unión Económica y Monetaria (UEM) y el diferencial acumulado desde 1999, busca asegurar una revisión prudente de precios en contextos de inflación o deflación.
El IGC es un mecanismo que establece una tasa de revisión de precios coherente con la evolución de la competitividad española frente al resto de países del euro. Su funcionamiento se basa en las siguientes reglas:
Si el IGC registra una variación negativa, se aplica la regla de no revisión de precios.
Si el índice supera el objetivo del 2% de inflación del Banco Central Europeo, se toma ese valor como referencia para las revisiones.
Con ello, el IGC protege la economía española frente a tensiones inflacionistas externas o internas, evitando ajustes automáticos que podrían deteriorar la competitividad empresarial.
Con una tasa del -0,57%, el IGC marca su peor dato en más de tres años y consolida una tendencia a la baja en el inicio de 2025
En 2024, el IGC apenas registró tasas positivas en julio y diciembre, alcanzando su mayor caída en septiembre (-0,45%). El arranque de 2025 no ha revertido esta tendencia:
Enero 2025: -0,31%
Febrero 2025: -0,57%
Este comportamiento podría interpretarse como una señal de menor presión inflacionista, pero también implica un freno a las revisiones automáticas de precios, afectando especialmente a contratos de larga duración indexados a este índice.
El IGC encadena dos meses consecutivos en negativo, afectando a contratos públicos y privados que dependen de su evolución para actualizar precios
La prolongación de tasas negativas en el IGC reduce los márgenes de revisión de precios, algo que puede tener consecuencias para empresas proveedoras del sector público, arrendadores y otros agentes contractuales. A su vez, refleja que España ha recuperado parte de su competitividad perdida desde 1999, aunque también muestra la debilidad de la demanda interna.
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