La ambiciosa propuesta de Washington gravaría a 100 de las mayores empresas del mundo por los beneficios obtenidos en países en los que tienen poca o ninguna presencia física, pero en donde obtienen importantes ingresos. El movimiento intenta poner fin a las prácticas de las empresas que se valen de países con baja tributación para canalizar sus beneficios. Pero estas empresas pasarían a pagar la mayor parte de sus impuestos en el país donde tienen su sede, incluso si sus beneficios -y en muchos casos la mano de obra y las materias primas utilizadas- proceden de países en desarrollo, según se quejan altos diplomáticos y lobbys en declaraciones a Financial Times.
También preocupa que muchos países en desarrollo no participen en las negociaciones sobre la propuesta en la OCDE y que el acuerdo final no refleje sus intereses.
“Lo que entiendo, con las normas que se están elaborando actualmente, es que los países en vías de desarrollo pueden no obtener casi nada”, reflexiona al diario británico Mathew Gbonjubola, embajador de Nigeria ante la OCDE.
El diplomático apoya los esfuerzos para que las grandes empresas paguen más impuestos. “Cuantos menos incentivos fiscales ofrezcan los países en desarrollo, más podrán retener los ingresos necesarios para su desarrollo y menos dependerán de los préstamos o la ayuda”, señala. Sin embargo, advierte de que “es lógico y moral que los países de origen, desarrollados o en vías de desarrollo, tengan el derecho de rechazo antes de que [los ingresos fiscales] pasen a los países de residencia [de las empresas]”.
Asimismo, Gbonjubola critica que EEUU “no ha aportado el razonamiento económico” para centrarse solo en 100 empresas. Este enfoque supone una reducción de las propuestas de la OCDE, que habrían abarcado a miles de empresas. “El punto de diferencia más importante entre las economías avanzadas y los países en desarrollo es el umbral que determina cuántas empresas se incluyen”, abunda Sybel Galván, embajadora de México ante la OCDE.
Rajat Bansal, miembro del Comité de Expertos en Cooperación Internacional en Materia Fiscal de la ONU, cree que establecer un umbral que capte sólo a las empresas más grandes significaría que “en última instancia, bastantes de los contribuyentes potenciales no estarían cubiertos”.
El Foro Africano de Administración Tributaria (ATAF por sus siglas en inglés), que asesora a los gobiernos del continente, pide además un enfoque escalonado en el que los umbrales se fijen en niveles más bajos para las economías más pequeñas. “No creemos que un umbral único para todas las economías sea equitativo”. También le preocupa que en las largas y complejas negociaciones los países más pobres no luchen por sus derechos. “Aunque tienen un asiento en la mesa, les resulta difícil seguir el ritmo… Puede que en África no haya un alto nivel de conciencia política sobre esta cuestión y sobre lo importante que es [la propuesta]”.
Los planes de Biden llegan además en un momento en que varias grandes economías en desarrollo participan en un esfuerzo rival en la ONU para desarrollar un régimen fiscal internacional, que se centraría específicamente en las empresas de servicios digitales. La iniciativa está motivada por el descontento ante la escasa cantidad de impuestos que pagan los gigantes tecnológicos estadounidenses en muchos países donde obtienen grandes beneficios.
“Parece que hay una extraña competencia entre la ONU y la OCDE”, explica Tove Maria Ryding, responsable de política y defensa de la Red Europea de Deuda y Desarrollo. “La ONU está estudiando el desarrollo de impuestos sobre los servicios digitales y la OCDE está tratando de deshacerse de ellos” en favor de un régimen que se aplicaría a todas las industrias.
Existe también el temor de que sus intereses estén siendo dejados de lado. “Puedes llamar a las reglas globales, pero si la toma de decisiones no es verdaderamente global, ¿por qué los países que no han participado en la elaboración de las reglas van a firmarlas?”, se pregunta Ryding. “Los países más pobres del mundo corren de nuevo el riesgo de salir perdiendo en el reparto del pastel fiscal mundial, a pesar de que necesitan más que nadie los ingresos fiscales”.
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