La presidenta del BCE, Christine Lagarde
En este sentido, el periódico de referencia en la ‘City’ recuerda que el Gobierno español ya siguió adelante con la limitación a 1.000 euros de los pagos en efectivo por empresas, a pesar de que el BCE considerase “desproporcionada” la medida.
El BCE espera hacer pública “en los próximos días o semanas” su opinión sobre la tasa que el Gobierno español pretende imponer a los bancos, según confirmó este lunes el vicepresidente de la institución, Luis de Guindos. “Mi impresión es que en los próximos días, o como mucho semanas, el BCE dará su opinión públicamente sobre la tasa en discusión en el Parlamento español”, dijo Guindos, recordando que la opinión del Banco Central “no es vinculante”, recoge Europa Press.
El Gobierno español ha propuesto gravar temporalmente con un tipo del 4,8% el margen de intereses y las comisiones netas de las entidades financieras con ingresos superiores a los 800 millones de euros. El nuevo impuesto tendrá una duración de dos años, aplicándose sobre los ejercicios 2022 y 2023, y buscará recaudar 1.500 millones cada año.
Un portavoz del Gobierno español indicó a ‘Financial Times’ que el diseño del gravamen temporal busca evitar cualquier impacto material en los índices de solvencia.
El BCE ha criticado en anteriores ocasiones los planes de otros gobiernos para imponer impuestos adicionales a los bancos, especialmente cuando los ingresos esperados se planean usar para fines presupuestarios generales y no como reserva para cubrir el coste de posibles crisis bancarias.
Según fuentes anónimas conocedoras del asunto, citadas por Reuters, el BCE advertirá a España del impacto adverso del impuesto en la solvencia de los bancos del país, así como del mayor coste del crédito, lo que podría suponer un riesgo para la transmisión de la política monetaria de la institución.
Por su parte, los principales ejecutivos de las entidades bancarias con presencia en España han reclamado que el impuesto a la banca siga “un procedimiento ortodoxo” y sea temporal para no mermar la confianza en los mercados, al tiempo que no han descartado recurrir el tributo si finalmente se aprueba, aunque esperarán a conocer todos los detalles de la norma que finalmente se articule.
A principios de octubre, durante un encuentro del sector, el consejero delegado del Banco Sabadell, César González-Bueno, advertía de que el nuevo impuesto anunciado genera “inseguridad jurídica” y no es neutro desde el punto de vista de la competencia, al no afectar a todos los jugadores de forma comparable.
De su lado, el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, afirmaba entonces que el gravamen no tiene justificación desde el punto de vista de los ingresos extraordinarios de la banca, dado que la subida del margen de intereses por el aumento de tipos no se traducirá en la misma medida en una mejora de los beneficios, y avisaba de un elemento de distorsión sobre la exigencia de no repercutirlo, cuando las normas europeas requieren lo contrario.
En este sentido, ‘Financial Times’ recuerda la postura de la Autoridad Banca Europea (EBA), para la que los bancos deben obtener un rendimiento adecuado del capital de cara a ser viables a largo plazo, lo que requiere de un ambiente competitivo saludable “y un reflejo adecuado de los costes en la fijación de precios de los productos”.
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