26/06/2020 Fachada de la Tesorería General de la Seguridad Social, en Madrid (España), a 26 de junio de 2020. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones reabrió ayer al público la mayor parte de las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), con cita previa en el primer caso, que permanecían cerrados desde la declaración del estado de alarma por la pandemia de Covid-19. ECONOMIA Ricardo Rubio - Europa Press
La incapacidad permanente es una situación en la que un trabajador, tras haber seguido el tratamiento médico prescrito, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyen o anulan su capacidad laboral.
En España, esta realidad no solo afecta a los individuos que la padecen, sino que también tiene implicaciones significativas en la economía y el mercado laboral. Un porcentaje considerable de la población con discapacidad percibe una pensión por incapacidad permanente, lo que representa una carga económica notable para el sistema de Seguridad Social.
Este artículo analiza el impacto económico de la incapacidad permanente en España y cómo influye en el mercado laboral, considerando tanto las repercusiones para los trabajadores como para las empresas y el sistema público.
La incapacidad permanente se refiere a la situación en la que un trabajador, tras recibir el tratamiento médico adecuado, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, previsiblemente definitivas, que disminuyen o anulan su capacidad laboral. Esta condición se clasifica en varios grados:
Los trabajadores a menudo enfrentan dificultades para que se les reconozca la incapacidad, debido a la complejidad de los procedimientos administrativos y la necesidad de aportar evidencia médica detallada. Dado que cada caso es único y el proceso de solicitud es complejo, muchas personas buscan los mejores abogados para tramitar la incapacidad permanente y poder asegurar que su derecho sea reconocido.
La incapacidad permanente en España tiene un impacto económico significativo tanto en las finanzas públicas como en el ámbito empresarial.
En cuanto al impacto en las finanzas públicas, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en febrero de 2024, la nómina mensual de las prestaciones por incapacidad permanente ascendió a 1.095,9 millones de euros, representando una parte considerable del gasto en pensiones contributivas.
Por otra parte, el impacto en las empresas es relevante. La concesión de una incapacidad permanente puede generar diversos costes para las empresas, como indemnizaciones por la extinción del contrato laboral, gastos asociados a la contratación y formación de un nuevo empleado, y posibles adaptaciones en el puesto de trabajo para otros empleados. Además, la pérdida de un trabajador experimentado puede afectar la productividad y eficiencia de la organización.
El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) tiene un plazo de 135 días hábiles para resolver una solicitud de incapacidad permanente. Según datos recientes, el tiempo de espera puede superar los seis meses en algunas provincias, especialmente debido a la acumulación de expedientes y la falta de personal especializado.
Cada vez más trabajadores se ven obligados a recurrir a los tribunales para conseguir el reconocimiento de su pensión de incapacidad permanente. Según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en 2023 se registró un aumento de más del 15% en las demandas contra el INSS por denegaciones de incapacidad. Muchas de estas resoluciones terminan siendo favorables a los demandantes, lo que indica que el sistema puede estar fallando en su evaluación inicial.
El Gobierno ha llevado a cabo ciertas modificaciones para mejorar la situación de los trabajadores con incapacidad permanente. Entre ellas, destaca la eliminación del despido automático por incapacidad, permitiendo que los trabajadores tengan la posibilidad de reincorporarse a su puesto con adaptaciones en lugar de ser apartados del mercado laboral de forma definitiva. Además, se han implementado nuevas medidas para agilizar la evaluación médica y la resolución de los expedientes.
Especialistas en derecho laboral y seguridad social coinciden en que el sistema de incapacidad necesita una reforma estructural que garantice su sostenibilidad y reduzca los tiempos de espera. También advierten sobre la necesidad de una mayor transparencia en los criterios de concesión de incapacidades y de un refuerzo del personal evaluador para evitar que los solicitantes tengan que recurrir a la vía judicial para obtener su derecho.
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El impacto de la incapacidad permanente en la economía
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