El sindicato denuncia que “el escarnio de dinero público se hace más evidente e indecente en la cantidad que se destina a la derivación de pruebas diagnósticas”. El Ramón y Cajal, continúa Comisiones en una nota, “ha incorporado al capítulo II de sus presupuestos 539.581 euros más para conciertos con centros privados que lo que se gastó en 2023”.
Sin embargo, “mantiene cerrado un TAC, dos sólo funcionan en turno de tarde y un cuarto, de los seis de que dispone, está previsto que en 2024 también se cierre en turno de mañana”. Esta prueba se está derivando hacia las clínicas privadas de la Fuensanta e Infanta Mercedes y la lista de espera en pruebas diagnósticas del centro es de 12.788 personas, destaca CCOO.
A todo esto hay que sumar las demoras en las ecografías, que también se ven afectadas por la gestión privatizadora de la sanidad pública. Si se citara hoy una ecografía la fecha asignada en las agendas, según los datos a los que ha tenido acceso CCOO, sería para el mes de mayo 2024.
Desde el sindicato denuncian que la plantilla de radiólogos en el centro es “claramente insuficiente” para los 630.005 ciudadanos censados (2022) como población de referencia del hospital. “Se trata de la ratio más baja de todos los hospitales del SERMAS”, afirma. La media de radiólogos/as por cada100.000 habitantes en la Comunidad de Madrid es de 11,10%, mientras que en este centro es de 7,95% y la media nacional está en el 9%. Además, el Hospital Ramón y Cajal “es el que tiene mayor número de población de referencia de la región”. El dato “triplica” lo que marca la Ley General de Sanidad, “que acota entre 200.000 y 250.000 la población asignada a un hospital de tercer nivel”.
CCOO tilda de obsceno el dinero público que se desvía a la sanidad privada para derivar una atención a la salud de la población que se debería atender en la sanidad pública. “Por cada euro que cuesta la atención en un hospital público, el centro paga dos euros y medio a la clínica privada”, señala el portavoz de CCOO en el Ramón y Cajal, Luis Mancera.
El representante del sindicato añade que el Gobierno de la Comunidad de Madrid está incumpliendo la Ley General de Sanidad, “está asfixiando a las plantillas porque no contrata a más profesionales que permitan la atención adecuada y de calidad en los hospitales y la Atención Primaria del SERMAS y está falseando los datos de incremento de gasto sanitario público”.
“Todo lo que aumenta los presupuestos no se incorpora al gasto en sanidad pública sino que va destinado a pagar las derivaciones a las empresas sanitarias privadas”, critica.
A esto se añade que “para paliar el déficit que presentan los presupuestos en el Ramón y Cajal se está reduciendo, año tras año, el número de camas programadas para intervenciones quirúrgicas y, por lo tanto, se reduce el número de operaciones, lo que automáticamente contribuye a incrementar las listas de espera e intenta justificar la transferencia de fondos a la privada”.
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