Gabriel Mato, Eurodiputado del PP
El Parlamento Europeo ha sacado adelante una propuesta que exige a la Comisión la puesta en marcha de reglas continentales que protejan a las personas que denuncian casos de corrupción. La propuesta, presentada por el Partido Socialista europeo, ha contado con el sí de la mayoría de la Cámara a excepción de algunos miembros del PP, como Gabriel Mato, que ha votado en contra.
Gabriel Mato Adrover es el hermano de Ana Mato Adrover, figura emblemática dentro de los muchos casos de corrupción que azotan al Partido Popular. Gabriel Mato es uno de los pocos que ha votado en contra de proteger a los denunciantes de corrupción. La mayoría de su partido, tanto europeo (PPE) como español (PP), ha preferido la discreción de la abstención.
Pilar del Castillo, Agustín Díaz de Mera, Esteban González Pons, Luis de Grandes, Carlos Iturgaiz, Teresa Jiménez-Becerril, Verónica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz, Francisco Millán Mon, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra y Ramón Luis Valcárcel, todos ellos eurodiputados del PP, se han abstenido en la propuesta de proteger a los denominados whistle-blowers.
Todos ellos se han abstenido de una proposición no legislativa que considera que los denunciantes que actúan en defensa del interés público merecen una protección y un apoyo adecuado, tanto que muchos de ellos (los denunciantes) son víctimas de represalias.
“Las normas de la UE son necesarias para proteger y apoyar mejor a los denunciantes y su papel en la revelación de violaciones graves del interés público, como la corrupción, los errores judiciales, la evasión fiscal, la falta de protección para la seguridad alimentaria o el medio ambiente y los ataques a las redes sociales y humanas, así como a los derechos de los trabajadores”, señala la propuesta presentada por el Partido Socialista.
Los representantes de Podemos, Izquierda Unida, Ciudadanos, Corvergència, ERC, EH Bildu y PNV han votado a favor de pedir a la Comisión que establezca unas reglas a nivel europeo que incluyan los siguientes preceptos:
Mecanismos de denuncia, para facilitar la denuncia interna y permitir que los denunciantes informen a las ONG o a la prensa, incluida la posibilidad de denuncias anónimas.
Protección contra represalias, incluidas sanciones contra quienes pretenden impedir que los denunciantes hablen y medidas para desalentar las acciones de represalia.
Medidas de apoyo, como ayuda jurídica y financiera, apoyo psicológico e indemnización por los daños sufridos por los denunciantes de irregularidades en caso de procedimientos civiles.
Organismos nacionales independientes, responsables de los informes, que verifiquen su credibilidad y orienten a los denunciantes.
Una autoridad de la UE, para facilitar la coordinación en los casos transfronterizos.
El ‘precio’ de denunciar la Gürtel
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