Oriol Junqueras, presidente de Esquerra Republicana de Catalunya y vicepresidente de la Generalidad de Cataluña.
La tensión entre el Gobierno de Mariano Rajoy y el Govern de Carles Puigdemont sigue en aumento. Después de la aprobación de la Ley del Referéndum y de la Ley de Transitoriedad, el Estado ha iniciado los mecanismos para frenar el referéndum del 1-O. Los mensajes que han ido saliendo desde La Moncloa han sido intensos: se hará todo lo necesario. Y desde Cataluña también mantienen el pulso: no habrá negociación de “despachos” que valga y el referéndum se celebrará.
De la misma manera, las actuaciones judiciales y policiales ya se han empezado a dar. Ahora, el turno es de la Generalitat. Y el último paso lo ha dado Oriol Junqueras. El vicepresidente del Govern ha anunciado al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que dejarán de enviarles informes semanales de gastos, con los que el Gobierno de Rajoy conseguía controlar si se estaban destinando fondos públicos para el 1-O.
Así lo ha manifestado el también conseller de Economía a las cámaras de TV3, que ha argumentado que rendir cuentas del gasto semanal con el dinero del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) responde únicamente a un “control político”. Junqueras ha insistido en que estas notificaciones cada siete días al Ejecutivo central no están relacionadas a objetivos de “estabilidad presupuestaria”.
Según ha apuntado Europa Press, la carta que el Departament d’Economia ha enviado a Hacienda recoge que la Generalitat explicará los gastos, pero solo con informes mensuales, tal y como era habitual desde 2015 para así mantener el “compromiso con la estabilidad presupuestaria”.
Por último, Junqueras ha argumentado que el régimen jurídico que aprobó la semana pasada el Parlament de Cataluña para garantizar la celebración del referéndum es incompatible con las medidas establecidas en el acuerdo de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos (CDGAE) de 21 de julio. En dicho acuerdo, se adoptaron “medidas adicionales para garantizar en Cataluña la prestación de los servicios públicos en defensa del interés general y en cumplimiento de la Constitución y las leyes”, que requería los informes semanales sobre los gastos del Ejecutivo catalán.
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