Sindicatos
El pacto incluye subidas fijas y un único tramo variable, mejoras organizativas y una reforma relevante en la gestión de recursos humanos. Además, el Gobierno y los sindicatos estiman que el efecto acumulado de los incrementos elevará hasta el 11,5% la mejora retributiva de los funcionarios en el periodo. El acuerdo llega tras una semana de negociaciones intensas y abre una nueva fase para las condiciones laborales del sector público.
Los funcionarios recibirán en diciembre el 2,5% correspondiente a 2025, con efectos desde enero
Antes de entrar en las valoraciones sindicales, el acuerdo define una senda salarial escalonada que se aplicará progresivamente entre 2025 y 2028. La única parte variable corresponde al año 2026 e irá ligada al comportamiento del IPC.
El alza variable del 2026 se activará solo si la inflación supera el 1,5% establecido
| Año | Subida fijada | Componente variable | Total potencial |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2,5% | — | 2,5% |
| 2026 | 1,5% | 0,5% (según IPC) | 2% |
| 2027 | 4,5% | — | 4,5% |
| 2028 | 2% | — | 2% |
Además de la dimensión salarial, el pacto incorpora medidas estructurales relevantes para la administración pública. Entre ellas destacan la eliminación de la tasa de reposición, la agilización de los procesos selectivos y el refuerzo de áreas de atención al ciudadano. También se creará una comisión de seguimiento con un plazo máximo de constitución de 15 días tras la firma.
Desde CSIF consideran que el texto supone un avance en un contexto de bloqueo presupuestario y de restricciones derivadas del gasto en defensa y la inestabilidad política. El sindicato defiende que el pacto permite recuperar un 2,9% del poder adquisitivo perdido y pone fin a la congelación salarial de este año.
CSIF afirma que el acuerdo “no es un cheque en blanco” e insiste en que vigilará su cumplimiento
La secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez Naranjo, encabezó las reuniones celebradas esta semana con CCOO, UGT y CSIF. Mientras que UGT y CSIF ya han ratificado el acuerdo, CCOO mantiene abierto su proceso interno de valoración. Las partes han pactado una comisión de seguimiento encargada de verificar la ejecución y el calendario de las medidas.
Con este marco, el Gobierno busca estabilizar la evolución retributiva del sector público durante los próximos cuatro años y avanzar en una modernización de la gestión del personal.
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