Elma Saiz y Angel Victor Torres presentan medidas del Gobierno.
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley con la revalorización de las pensiones, una subida que ya fue efectiva en enero, que supone un incremento del 2,7% con carácter general. En total, se revalorizan cerca de 13 millones de pensiones y prestaciones.
“Aprobar la revalorización de las pensiones supone garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas, un derecho garantizado por la ley”, ha destacado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, para quien “se trata de un compromiso colectivo de la sociedad”.
El incremento de las pensiones contributivas es el resultado del índice de precios de consumo (IPC) medio entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025, según la fórmula establecida en la Ley 20/2021, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones, aprobada en 2021 y acordada con los interlocutores sociales. De esta manera, se da cumplimiento a la recomendación 2ª del Pacto de Toledo, que garantiza el poder adquisitivo de los pensionistas en base a la evolución del IPC, recuerdan desde el ministerio
La revalorización supone, aproximadamente, 570 euros adicionales al año para las personas con una pensión media de jubilación, mientras que las pensiones medias del sistema aumentan en torno a 500 euros anuales.
El Gobierno también ha acordado hoy mantener el incremento de las pensiones mínimas, de las no contributivas (PNC) y del IMV de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto-ley 2/2023 y en virtud de la recomendación 15ª del Pacto de Toledo y que se aplicó el pasado 1 de enero.
Las pensiones mínimas suben más del 7% en 2026. No obstante, este porcentaje es mayor para pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares que aumentarán un 11,4%. Por su parte, las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital se revalorizarán un 11,4%, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto-ley mencionado.
Junto a esto, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a otro Real Decreto-ley por el que se prorrogan determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social. La norma prorroga durante todo 2026 medidas de carácter social para “colectivos con dificultades para cubrir necesidades energéticas y habitacionales”, en el marco del escudo social desplegado por el Gobierno.
De esta manera, mantiene hasta el 31 de diciembre de 2026 la garantía de suministro de energía eléctrica, gas natural y agua para los consumidores con la condición de vulnerables, así como los niveles de descuento del bono social energético vigentes, fijados en el 42,5% para los vulnerables y en el 57,5% para los vulnerables severos.
En materia de empleo, se incluye la prórroga del salario mínimo interprofesional del año 2025 y de la prohibición de despido para empresas beneficiarias de ayudas públicas.
Asimismo, amplía hasta el 31 de diciembre la suspensión de desahucios y lanzamientos para familias vulnerables sin alternativa habitacional. Así, el Gobierno “protege a las personas vulnerables ante eventuales desahucios en viviendas pertenecientes a fondos de inversión o grandes tenedores”, apunta Moncloa.
Los propietarios de hasta dos viviendas o en situación de vulnerabilidad no se verán afectados por la prórroga de este escudo social, “ya que se establece que corresponderá a los servicios sociales competentes la búsqueda de una alternativa habitacional de emergencia”.
A esto se une que también se mantienen hasta que concluya 2026 son los incentivos fiscales para la adquisición de vehículos eléctricos o realización de obras de eficiencia energética. En detalle,
También se establece una nueva exención del IRPF para las indemnizaciones por daños personales en los incendios forestales del pasado verano (entre junio y agosto de 2025) en varias comunidades, junto a la prórroga de las ayudas directas destinadas a la reconstrucción de los municipios afectados por la Dana, a las que se añaden las exenciones en IRPF e Impuesto sobre Sociedades que se aplican a los profesionales y empresas afectadas.
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