27-05-2021 El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, comparece en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario, en el Complejo de La Moncloa, a 27 de mayo de 2021, en Madrid (España). Este consejo extraordinario ha aprobado el decreto para la prórroga de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) provocados por la pandemia del coronavirus hasta finales de septiembre. La aprobación del decreto tiene lugar horas después de que Gobierno y agentes sociales hayan firmado el V Acuerdo Social en Defensa del Empleo. ECONOMIA EUROPA PRESS/R.Rubio.POOL - Europa Press
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha llegado a un acuerdo con los sindicatos CCOO y UGT, para concretar el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) recogido en el acuerdo firmado el pasado 1 de julio dentro del primer bloque de la reforma de pensiones. Las patronales empresariales CEOE y Cepyme se han desmarcado, tal y como ya habían avanzado esta mañana.
El Mecanismo de Equidad Intergeneracional sustituye al Factor de Sostenibilidad incluido en la reforma de 2013 y, a diferencia de éste, será de aplicación contingente y temporal, destaca el ministerio que dirige José Luis Escrivá.
Tendrá dos componentes. El primero consiste en la reactivación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, más conocida como la hucha de las pensiones, mediante una aportación finalista entre 2023 y 2032. La aportación será de 0,6 puntos porcentuales de la cotización por contingencias comunes, repartido entre la empresa y el trabajador con la misma distribución que en las cotizaciones sociales (0,5 por parte de la empresa y 0,1 por parte del trabajador) y actuará como “válvula de seguridad” del sistema a partir de 2033, en el caso de que haya un desvío de la previsión de gasto en pensiones para 2050.
En el caso de que no se diera una desviación de la senda de gasto previsto, no se aplicará ninguna medida y se planteará la utilización de los recursos del fondo de reserva para reducir las cotizaciones sociales o mejorar la cuantía de las pensiones.
En el lado opuesto, si a partir de 2033 se apreciara en los Informes de Envejecimiento (Ageing Report) de la Comisión Europea una desviación de la previsión de gasto en pensiones a 2050 respecto al informe de 2024 (que se usará como referencia), se utilizará este Fondo, con un límite de disposición anual del 0,2% del Producto Interior Bruto (PIB).
Además, si la hucha de las pensiones no fuera suficiente, el Gobierno se compromete a negociar con los interlocutores sociales para elevar una nueva propuesta que, de forma equilibrada, se dirija bien a reducir el porcentaje de gasto en pensiones en términos de PIB, bien a incrementar el tipo de cotización u otras fórmulas alternativas para aumentar los ingresos. Actualmente el fondo de reserva cuenta con poco más de 2.100 millones de euros.
El acuerdo alcanzado hoy se incluirá en el proyecto de ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad del sistema, actualmente en tramitación parlamentaria, a través de enmienda.
El acuerdo alcanzado hoy sale adelante con el rechazo de la patronal empresarial. Esta mañana la CEOE ha destacado en un comunicado que la propuesta es “insuficiente” y “no garantiza el equilibrio del sistema”. “Aumentar las cotizaciones sociales y hacer que la mayor carga recaiga sobre las empresas tiene efectos negativos sobre el empleo y va en dirección contraria a lo que necesita el sistema público de pensiones”, defiende. “El crecimiento del empleo es la principal garantía de sostenimiento del sistema de pensiones”.
Además, la propuesta del Ejecutivo “tiene poco de intergeneracional ya que carga todos los esfuerzos sobre los trabajadores actuales y futuros, especialmente sobre los jóvenes” considera la patronal presidida Por Antonio Garamendi. “No es el momento de aumentar los costes empresariales y poner en riesgo la recuperación al erosionar la productividad y la competitividad de las empresas”.
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