La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, durante una sesión de control al Gobierno en el Senado, en Madrid (España)
El Gobierno español ha retirado un recurso que presentó en 2019 ante el Tribunal de Justicia de la UE (TUE) para impugnar una decisión de la Comisión Europea que avalaba 160 acuerdos fiscales de Gibraltar con distintas compañías.
Así lo ha anunciado el Gobierno de Gibraltar en un comunicado y puede comprobarse en la web del TUE. España informó al Tribunal de que desistía de su recurso el pasado 6 de noviembre. El caso fue archivado el 15 de diciembre y España ha sido condenada en costas, aunque Reino Unido, que apoyaba a la Comisión, asumirá las suyas.
El litigio se remonta a un régimen fiscal de 2010 que España denunció ante la Comisión Europea en 2012 por considerar que no era compatible con el sistema comunitario de ayudas de Estado.
La investigación de Bruselas se amplió en 2014 para incluir estos acuerdos fiscales (‘tax rulings’), ante la sospecha de fueran selectivos, y se cerró en 2018 con la conclusión de que solo cinco de ellos eran ilegales y que el Peñón debía recuperar de las empresas beneficiarias unos 100 millones de euros.
El Gobierno español recurrió ante el TUE la decisión para que se volviesen a examinar los acuerdos avalados. En su recurso, España argumentó que el volumen de ayudas ilegales podía ser mucho mayor, y que si la Comisión no lo había detectado es porque no aplicó el criterio de «selectividad territorial» y eso la llevó a «conclusiones erróneas».
En palabras del Gobierno de Gibraltar, lo que España pretendía era que el Peñón operase «a todos los efectos un sistema de tributación corporativa similar al del Reino Unido». «Eso tendría efectos devastadores para nuestra economía», dice el comunicado del Gobierno de Fabian Picardo.
Al retirar el recurso, España permite que se mantenga la decisión de la Comisión de avalar esos acuerdos fiscales y reclamar la recuperación de las ayudas derivadas solo de cinco de ellos (unos 100 millones).
Picardo se ha mostrado «muy contento» por la decisión española, porque descarta los posibles «efectos retroactivos de una decisión desfavorable». Eso sí, ha señalado también que «ahora que la legislación comunitaria deja de aplicar a Gibraltar a partir del 1 de enero de 2021, la importancia de este caso ha disminuido».
A su juicio, lo más importante ahora es que el Peñón deja la UE con la seguridad de que en lo relativo a los poderes independientes de Gibraltar en materia de fiscalidad «nunca llegó a existir el requisito de que Gibraltar deba tratarse como parte del territorio fiscal del Reino Unido».
«Esta era la posición de la Comisión Europea, el Reino Unido y Gibraltar. Por tanto, recibimos con agrado la retirada del caso», ha subrayado Picardo que, en cualquier caso, se ha mostrado convencido de que el recurso «tenía pocas probabilidades de prosperar».
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