Licencia VTC
El Gobierno ha aprobado un proyecto de ley en el que eleva la gravedad de las infracciones en las que puede incurrir el servicio de arrendamiento de vehículos con conductor (VTC), con el objetivo de reforzar el cumplimiento de las condiciones que fijó para este sector en un real decreto anterior y garantizar la competencia leal con el taxi.
Así lo ha aprobado el Consejo de Ministros en su reunión de este martes, de modo que eleva, por ejemplo, la gravedad de la realización de los servicios VTC sin previa contratación en un ámbito territorial distinto al que le corresponda o el incumplimiento de la regla de la habitualidad, que fija en un 80% los servicios a prestar en la comunidad donde se encuentre domiciliada la autorización.
El proyecto también tipifica una nueva infracción en relación con el incumplimiento de otras condiciones del servicio, como las relativas al itinerario del servicio, los horarios y calendarios de prestación del servicio y las características técnicas o la adecuada señalización del vehículo previstas en el marco normativo.
Además, con el objetivo de reforzar la efectividad del nuevo marco sancionador, establece la posibilidad de inmovilizar el vehículo hasta el pago de sanciones muy graves e incluso, en último término, la posibilidad de revocar la autorización de VTC por la comisión de cinco infracciones de naturaleza muy grave en un año.
El Gobierno modificó la regulación del arrendamiento de vehículos con conductor mediante un real decreto en septiembre de 2018 para completar la regulación aprobada en abril de ese mismo año que consideraba «insuficiente» para atender los problemas de movilidad, congestión de tráfico y medioambientales que el elevado incremento de la oferta de transporte urbano en vehículos de turismo estaba ocasionando en los principales núcleos urbanos del país.
Desde entonces, ha llevado a cabo una serie de acciones complementarias, como los trabajos relacionados con el registro electrónico de los servicios de arrendamiento de vehículos con conductor o los trabajos que se realizan en el grupo de trabajo técnico con las comunidades autónomas para compartir buenas prácticas y coordinar las diferentes políticas públicas y las regulaciones que pretendan aprobar las administraciones con competencia en la materia.
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