Así se recoge en la propuesta enviada por el Imserso a las comunidades autónomas, a la que ha tenido acceso Servimedia, donde también se reconfiguran o extienden otros servicios, como la teleasistencia, la ayuda a domicilio o la atención en centros residenciales.
Según este borrador, la asistencia personal quedaría incorporada en el catálogo de servicios que deben ofrecer las administraciones, junto a los de promoción de la autonomía personal y los de prevención de las situaciones de dependencia.
De este modo, los usuarios que deseen acceder a él podrán hacerlo a través de una prestación económica para la contratación de su asistente personal (como hasta ahora), o también mediante servicios públicos o concertados. El objetivo es reforzar las posibilidades de disponer de dicha prestación, y queda en manos del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia fijar los criterios de acceso.
Asimismo, la propuesta del Gobierno amplía el concepto de lo que se entiende por asistencia personal, a fin de adaptarlo a la convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad.
Plantea que esta prestación no solo ha de facilitar el acceso a la educación y al trabajo de las personas dependientes (como en la redacción actual), sino que además debe posibilitar la realización de cualquier actividad que estas estimen, ya sea en su contexto domiciliario o en el entorno de su comunidad.
Del mismo modo, el nuevo texto plantea una reconceptualización del servicio de teleasistencia, para hacer hincapié en su individualización y adecuación a las características personales de cada usuario y en su orientación a la permanencia en el domicilio y al mantenimiento de los vínculos sociales de la persona.
También se amplían las posibles prestaciones que este servicio puede contemplar, de acuerdo con el plan de choque para el Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD) aprobado en enero.
En la misma línea, el borrador ofrece una definición más amplia del servicio de ayuda a domicilio, para que esta prestación pueda abarcar situaciones en el entorno comunitario y no solo en la vivienda del usuario.
Además, la atención que se presta en las residencias se reconfigura para adaptarse a los nuevos criterios de acreditación de centros y Servicios del SAAD aprobada recientemente, y se añaden algunas mejoras técnicas encaminadas a que la ley se ajuste a la reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad Jurídica, de cara a que los usuarios decidan qué tipo de apoyos y prestaciones quieren recibir.
Otra novedad radica en la ampliación hasta los seis años de la edad en que los niños y niñas dependientes deben ser valorados con una escala específica y beneficiarse del Plan integral de atención temprana y rehabilitación que las administraciones públicas han de impulsar.
Por último, la propuesta de reforma de ley pone fin al régimen de incompatibilidades entre determinadas prestaciones económicas y servicios, a fin de facilitar que el plan individualizado recoja de verdad las necesidades de cada personas dependiente.
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