Silla de ruedas
Así lo destaca la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que explica que el peso relativo de la financiación autonómica frente a la estatal durante el periodo 2012 a 2020 presentaba una “tendencia alcista que se rompe en 2021, por el incremento en la financiación aportada por el Gobierno mediante el plan de choque”.
Entre el 2020 y el 2023 la inversión de las comunidades cayó un 13% “gracias al incremento de financiación de la administración central”. Sin embargo, el año pasado vuelve a incrementarse la aportación regional rompiendo la tendencia cuatro años después.
Según apunta, la Administración General del Estado incrementó en 185 millones su gasto en dependencia debido a “su obligación de soportar el nivel mínimo de financiación correspondiente a las personas beneficiarias de la Ley, al haberse incrementado el número de personas atendidas, ya que por ser un sistema con modelo de financiación capitativo, tiene que ampliar obligatoriamente sus aportaciones”. A pesar de esto, “este incremento del gasto fue por imperativo legal, pero no por compromiso político, ya que no existió incremento presupuestario para la dependencia por parte del Gobierno central, lo que supuso que se redujera su porcentaje en la financiación del Sistema”.
Las Comunidades que menos porcentaje aportaron en Dependencia son La Rioja (61,4%), Castilla y León (63,2%), Andalucía y Galicia (65,1%). Frente a esto, las que más aportan son País Vasco (84%), Navarra (81%) y Baleares (80,6%).
Asimismo, las que más invierten en dependencia por persona potencialmente dependiente y año son: País Vasco (2.845 euros), Extremadura (2.779 €) y Navarra (2.474 €), mientras a la cola se encuentran Galicia (1.317 €), Canarias (1.339 €) y Murcia (1.667 €).
El gasto anual medio por persona beneficiaria fue de 8.592 euros, de los cuales la administración general aportó 2.327 euros en concepto de nivel mínimo de protección y las regiones 6.267. La comunidad que destinó mayor cantidad económica por persona beneficiaria fue el País Vasco con 13.554 euros anuales. Esta cantidad duplica el gasto de la autonomía que menos invirtió, que fue Andalucía con 7.173 euros anuales.
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