La vicepresidenta de Economía y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha rechazado este miércoles la petición de Junts de que se derogue decreto en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones, que los independentistas interpretan como una norma contra la ‘república digital catalana‘, y que el Gobierno aprobó durante la última campaña electoral. No obstante, se ha abierto a dialogar para poder «mejorar» esa legislación a lo largo de la legislatura.
Así lo ha asegurado Calviño durante la primera sesión de control al Gobierno en el Congreso de esta legislatura en respuesta a la portavoz de Junts, Laura Borràs, quien le ha recordado que el Ejecutivo y el Parlamento catalanes han decidido recurrir el decreto ante el Tribunal Constitucional porque sospecha que siete de sus ocho artículos pueden ser inconstitucionales.
La portavoz de la antigua Convergència ha recordado que el Ejecutivo aprobó ese decreto estando en funciones y sin permitir que fuera enmendado por los grupos parlamentarios. «Lo hicieron a las bravas», ha denunciado.
PIDE AYUDA A UNIDAS PODEMOS, QUE NO LO APOYÓ
Además, ha pedido «ayuda» a Unidas Podemos para lograr su derogación, recalcando que los de Pablo Iglesias se abstuvieron cuando el Congreso lo convalidó y que En Comú ha apoyado impugnarlo ante el TC. «Esperemos que sean coherentes», ha deslizado, Borràs, incidiendo en que se trata de una norma que equipara a España con países como China, Turquía o Irán porque abre la puerta al cierre de sitios web «sin orden judicial».
Pero la vicepresidenta ha defendido la constitucionalidad de la norma, recalcando que protege los derechos tanto individuales como colectivos y garantiza un «uso adecuado de las redes». «No invente, no se trata de espiar ni de nada por el estilo», le ha soltado a Borràs.
Por ello, ha argumentado, el Ejecutivo no se plantea derogar el polémico decreto lo que no es óbice para que, como lleva a gala ser «el Gobierno del diálogo» tenga la puerta «absolutamente abierta» para «mejorarlo» a lo largo de la legislatura adaptándolo «a los nuevos tiempos y riesgos».
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