PSOE y Unidas Podemos ya negocian desde hace meses en el seno del Gobierno de coalición las nuevas cuentas públicas, que tendrán como prioridad consolidar la recuperación económica, tal y como ha avanzado el propio presidente del Gobierno.
Para ello, jugarán un papel fundamental los fondos europeos que suponen la llegada de nuevas partidas por importe de 75.000 millones para estos tres años. Los Presupuestos para 2022 irán en línea con las orientaciones presentadas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España ante por la Comisión Europea. Las cuentas supondrán un apoyo a la recuperación, evitando «una retirada prematura» de los estímulos y haciendo pleno uso de la financiación europea.
Sánchez ha defendido la «sólida experiencia» para conseguir los hitos fijados en el Plan, avanzando que en los próximos meses se seguirán aprobando proyectos estratégicos en sectores como la industria agroalimentaria o la aeroespacial.
En este sentido, ha remarcado la necesidad de dar un impulso reformista para la modernización económica y social y ha aclarado que no se tratará de abordar «contrarreformas» que «menoscaban la convivencia». «Reformar significa para el Gobierno de España avanzar y no involucionar», indicó.
«Digo reformas, no contrarreformas. De las contrarreformas hemos tenido muchas en esta última década y lo que hacen es recortar derechos, provocar desigualdad, aumentar la exclusión y menoscabar la convivencia al minar la cohesión social», ha enfatizado.
El pasado mes de julio, el Consejo de Ministros dio ‘luz verde’ al límite de gasto no financiero, conocido como ‘techo de gasto’, del Presupuesto del Estado para 2022, que se mantiene en los 196.142 millones de euros, lo que supone apenas 45 millones más que la cifra registrada un año antes, incluyendo transferencias extraordinarias a las comunidades autónomas y Seguridad Social y parte de los fondos europeos.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ya adelantó como ejes prioritarios la negociación sobre la reforma fiscal, garantizar el acceso a la vivienda con medidas que permitan un alquiler asequible, el despliegue de políticas que acaben con la crisis de los cuidados, que garanticen las prestaciones mínimas a la población y que combatan la precariedad laboral.
Sobre la reforma fiscal, uno de los puntos fundamentales para Unidas Podemos, tanto Montero como la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, han insistido en varias ocasiones en que se pretende abordar una vez se haya recuperado la economía, recordando que se ha puesto en marcha un comité de expertos que deberá tener sus conclusiones sobre la reforma del sistema tributario español en febrero de 2022, con lo que el grueso de la reforma no entraría en vigor hasta 2023, tal y como se refleja en el plan de recuperación.
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