La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una comparecencia en Moncloa.
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el techo de gasto, “segundo acto fundamental para poder poner en marcha el proyecto de Presupuestos y llevarlo al Congreso”, según ha recordado Montero, tras la propia orden de elaboración de los Presupuestos. La responsable de Hacienda ha destacado que si las cuentas de 2021 “fueron las de recuperación de la pandemia”, este proyecto “va dirigido a consolidar el crecimiento económico” y orientarlo “hacia un modelo más feminista, ecológico y competitivo”.
En concreto, el límite gasto no financiero para 2022 se sitúa en 196.142 millones de euros, frente a los 196.097 millones del año pasado. Sin contabilizar los fondos europeos de ayudas contra la pandemia, el ‘techo’ alcanza los 169.787 millones, un 0,7% más que en el ejercicio anterior. Según ha recordado Montero, estas cifras incorporan una transferencia de 18.396 millones para Seguridad Social, 32,1% superior que en 2021, “en línea con las recomendaciones del Pacto de Toledo”.
Los nuevos Presupuestos serán los primeros que incorporen el “compromiso” de que el Estado asumirá los “gastos impropios” por parte de la Seguridad Social, ha explicado la ministra, que ha cifrado estos gastos en unos 22.000 millones de euros.
El Gobierno ha mantenido además su previsión de déficit público, que se situará en el 8,4% del PIB este año, mientras que para 2022 se ha establecido una “tasa de referencia” del 5%. Tal y como ha recordado Montero, debido a la pandemia la Comisión Europea ha suspendido las reglas fiscales. Pese a ello, “hemos venido trabajando en reducción progresiva del déficit público después de caída del PIB de 2020”.
Montero ha anticipado que solicitará al Congreso de los Diputados que vuelva a certificar, tal y como hizo en octubre del año pasado, que aprecia la existencia de una situación de excepcionalidad que justifique la necesidad de suspender estas reglas de déficit y de deuda y legitime así la decisión del Gobierno, como exige la Constitución y la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
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