Según recoge Cinco Días, el Ministerio de Hacienda baraja dos opciones: bajadas quirúrgicas muy focalizadas en determinadas figuras o una modificación eventual del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). De optar por esto último, podría consistir en una bajada del tipo marginal a las rentas de menos de 35.200 euros, que hoy tributan al 30% a partir de los 20.200 euros, o en una rebaja de la tasa aplicable hasta los 60.000 euros anuales, que tienen una carga fiscal del 37%.
Desde el departamento de María Jesús Montero solo señalan que el paquete incluirá medidas que hagan efectivo un “reparto justo de las cargas”. Esto abre la puerta a una eventual bajada impositiva a las rentas bajas junto a la subida fiscal a los grandes patrimonios, aunque aún no hay nada cerrado.
Respecto a las rentas altas, se podría crear un nuevo tramo en el IRPF para aquellas superiores a los 130.000 euros, sujetas ahora a un tipo del 45%, la tasa marginal vigente para los ingresos que oscilan entre los 60.000 y los 300.000 euros anuales. A partir de los 300.000 euros el tipo asciende al 47%, detalla el citado diario.
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado esta mañana que está negociando con el Gobierno una reforma fiscal que incluye la subida del impuesto de Sociedades y un mayor gravamen para las rentas del capital. Así lo ha afirmado ante los periodistas tras asistir a un Desayuno de Nueva Economía Forum con el presidente de Prisa, Joseph Oughourlian. “Estamos negociando el Presupuesto General del Estado con el PSOE y les he dicho que estamos intentando fraguar una reforma fiscal en tres materias”, ha señalado la titular de Trabajo.
Al respecto, ha precisado que éstas son las “subida del impuesto de Sociedades equiparándolo al 15%; gravar las rentas del capital en detrimento de las del trabajo, como saben, de las grandes fortunas y la armonización que hemos defendido ante el PSOE cuando presentamos el documento”, recoge Europa Press.
Esta última va en línea con lo defendido ayer por el economista jefe del BCE, Philip Lane, quien ha pedido a los gobiernos de la eurozona que graven a los ricos y a las empresas para financiar las ayudas a los más afectados por la crisis energética del bloque.
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